Una grave irregularidad en la ejecución del Plan Buen Vivir fue denunciada por el Gobierno en la región de La Araucanía. Tras una auditoría interna, las autoridades descubrieron falencias críticas en el manejo de la información y una llamativa ausencia de antecedentes que justifiquen el gasto público en la zona.
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, reveló que el hallazgo ocurrió después de iniciar un proceso de revisión al asumir sus funciones. La búsqueda de trazabilidad sobre cómo se invirtieron los fondos terminó en un decepcionante resultado: apenas se encontró un archivador con una “especie de resumen” de las actividades, el cual carece de los respaldos necesarios para validar la ejecución de las labores declaradas.
¿Qué ocurrió con los equipos y los dineros del plan?
La situación es calificada como “rara” por la autoridad regional, especialmente al considerar el volumen de recursos involucrados. El programa, que también extiende su alcance a las regiones de Ñuble, Bío Bío y Los Ríos, contó con un presupuesto de 150 mil millones de pesos solo para el año 2025 destinado a infraestructura y desarrollo productivo.
Durante la inspección de las oficinas, el equipo de Francisco Ljubetic también localizó cuatro computadores asignados al plan. Tras periciarlos, se constató que no contenían ningún tipo de información almacenada, lo que refuerza la sospecha de una gestión administrativamente deficiente o deliberadamente omitida.
El delegado presidencial precisó que la idea es conocer de manera fidedigna en qué se utilizaron los recursos, considerando que también hay proyectos comprometidos.
El grueso de los antecedentes del programa se encuentra alojado en el Ministerio del Interior en Santiago, lo que ha complicado la gestión local. Por ahora, el Ejecutivo mantiene el foco en resolver los problemas administrativos detectados.
No obstante, Ljubetic fue enfático en señalar que, de aparecer antecedentes que configuren hechos de carácter delictivo, el Gobierno tiene la obligación legal de interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. La investigación sigue abierta para determinar si existe un mal uso de los recursos comprometidos para el desarrollo de la macrozona sur.
