La polémica por el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) escaló durante esta semana, enfrentando al exmandatario Gabriel Boric con el actual ministro de Hacienda. El punto de conflicto radica en las acciones de cobranza y embargos aplicadas a los deudores, medidas que el otrora jefe de Estado calificó como detonantes de “crisis en las economías familiares”.
El titular de Hacienda salió al paso de estos cuestionamientos con una tajante respuesta. Según declaró en entrevista con el Diario Financiero, al expresidente Boric “por algún motivo no le gusta que se paguen las deudas”. Para el secretario de Estado, el cumplimiento de las obligaciones financieras es ineludible y debe ajustarse a la capacidad de pago de cada ciudadano.
La postura del Gobierno frente a los embargos
El ministro subrayó que el proceso de cobranza se rige por criterios técnicos y diferenciados. De un universo total de 500 mil deudores, la autoridad destacó que 30.000 personas han suscrito convenios de pago a largo plazo de forma voluntaria en los últimos 90 días.
Respecto a los casos de embargos judiciales, el jefe de las arcas fiscales precisó que el número es acotado: “son 1.500 personas, las cuales 500 tienen ingresos de más de $5 millones al mes”. Sobre posibles errores en la selección de afectados, el ministro reconoció que el uso de la declaración de renta 2025 —basada en ingresos de 2024— pudo generar problemas, invitando a quienes vieron alterada su situación laboral a acercarse a la Tesorería para regularizar su estatus.
El debate por el secreto bancario
Por su parte, el expresidente Boric defendió su postura a través de la red social X, cuestionando la gestión de la derecha en el Congreso. El exmandatario recordó que, durante su administración, el Senado rechazó el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, lo que impidió avanzar en un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”
El expresidente argumentó que mientras se ejecutan embargos que “vacían cuentas corrientes”, se obstaculizan herramientas legales como el secreto bancario, lo que a su juicio castiga a la clase media. Por ahora, el Gobierno mantiene su hoja de ruta centrada en la recaudación y la regularización, dejando abierta la incertidumbre sobre futuras reformas estructurales al sistema de financiamiento estudiantil.
