El BancoEstado anunció que ha presentado una querella contra Rossana Blanco, la mujer de 45 años que fue detenida recientemente en el marco de la Operación Tokio, un operativo policial que desarticuló un brazo financiero del Tren de Aragua en territorio nacional. La imputada, de nacionalidad venezolana, actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva tras ser una de las 17 personas capturadas durante el procedimiento.
Ante la vinculación mediática de la detenida con la entidad financiera, la institución aclaró que la mujer no formaba parte de su plantilla directa. Según detallaron, Rossana Blanco se desempeñaba como asistente administrativa a través de una empresa proveedora externa, cumpliendo únicamente funciones de apoyo manual en el departamento de comercio exterior.
Aclaraciones sobre el rol y accesos de la imputada
La institución bancaria fue enfática al desmentir que la detenida tuviera capacidades técnicas para intervenir los sistemas del banco. En un comunicado oficial, el organismo precisó:
Es fundamental aclarar que no era ejecutiva ni trabajadora directa de nuestra institución. Se desempeñaba como asistente administrativa contratada por una empresa proveedora externa, realizando labores de apoyo manual en el área de comercio exterior.
Además, el banco subrayó que Rossana Blanco carecía de atribuciones tecnológicas para modificar cualquier información bancaria o acceder a los sistemas de pago. Según los controles internos realizados, las cuentas de la imputada no presentaron movimientos sospechosos y sus transacciones fueron coherentes con el nivel de remuneraciones que recibía por su labor externa.
Seguridad operativa y futuro del caso
Respecto a la continuidad de sus funciones, la entidad informó que la mujer dejó de presentarse a trabajar dos días antes de que se concretara la notificación judicial. En ese mismo instante, el banco ya había solicitado formalmente su reemplazo a la empresa proveedora externa. «No existe evidencia de que las presuntas actividades ilícitas investigadas tuvieran vinculación con sus funciones o accesos dentro de la institución», añadieron.
Finalmente, BancoEstado reafirmó que sus protocolos de segregación de funciones y controles operacionales siguen operando bajo la normativa vigente para proteger la seguridad de la entidad. Mientras la justicia continúa con la indagatoria de la Operación Tokio, el banco mantiene su postura de colaborar activamente para esclarecer que las acciones delictivas atribuidas a la imputada son ajenas a la operatividad del sistema bancario chileno.
