El seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, calificó como hechos de extrema gravedad la reciente formalización de 55 personas vinculadas a una red de tráfico ilegal de productos del mar. La investigación, que se gestó tras la denominada Operación Nereida, incluyó el despliegue de más de 300 funcionarios de la PDI, logrando desarticular una asociación ilícita dedicada a la extracción, transporte y comercialización irregular de recursos como salmón, merluza, congrio y locos.
Durante el operativo se incautaron diversos bienes, entre ellos camiones tres cuartos, camionetas, furgones, dinero en efectivo y chequeras. Según la Fiscalía, los imputados cumplían diversos roles dentro de una estructura compleja. Entre los detenidos destacan dos carabineros dados de baja, un carabinero en retiro, un exseremi, un exdirector subrogante de Sernapesca en la región de Los Ríos y un exasesor de la Municipalidad de Valdivia.
Crimen organizado de «cuello y corbata»
En entrevista con La Radio, Juan Agustín Meléndez fue enfático al señalar que el crimen organizado no debe restringirse únicamente al narcotráfico o al uso de armas de fuego. Para la autoridad, estos delitos de «cuello y corbata» representan una amenaza real al control de los territorios por parte de bandas criminales.
El seremi de Seguridad advirtió que estos hechos son graves no solo por la asociación ilícita, sino por el impacto directo en la salud pública, ya que la comercialización de productos sin acreditación sanitaria ni documentación legal atenta contra el orden y la seguridad de la ciudadanía.
Un punto de conflicto actual es la querella presentada por la autoridad, la cual fue declarada inadmisible por el Juez de Garantía de Valdivia argumentando una supuesta falta de legitimación activa. No obstante, el Ejecutivo ya presentó un recurso de apelación que deberá ser dirimido en la Corte de Valdivia.
El seremi Meléndez sostuvo que la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública otorga facultades claras para intervenir y querellarse en casos de esta naturaleza. Mientras se espera la resolución judicial, el caso marca un precedente sobre cómo las autoridades enfrentan el comercio ilegal de recursos naturales a gran escala en el sur del país.
