La Corte de Apelaciones de Concepción dio luz verde a la tramitación de los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que, en primera instancia, absolvió a Sandra Vallejos. El caso corresponde al fatal atropello del menor Martín González, ocurrido en la comuna de Chiguayante durante noviembre de 2023, un hecho que ha generado una intensa disputa judicial sobre las responsabilidades en la vía pública.
El proceso legal busca revertir el fallo del Tribunal Oral, el cual había determinado originalmente que la víctima cruzó la calzada por un lugar no habilitado, liberando de cargos a la conductora. Sin embargo, tanto la parte querellante como la fiscalía cuestionan la valoración de la evidencia presentada en el estrado.
¿Por qué se busca anular la sentencia original?
La postura de la familia de Martín González, representada por su madre Natalia Stuardo, es clara: alegan que el tribunal no consideró la totalidad de las pruebas disponibles. Según la madre de la víctima, el vehículo involucrado circulaba a exceso de velocidad, un factor determinante que, a su juicio, debería elevar la conducta a la categoría de delito.
Los recursos de nulidad fueron ingresados formalmente por el fiscal del Ministerio Público, Andrés Barahona, y por la abogada querellante Ángela Contreras. Ambos buscan que la justicia revise los antecedentes con una mirada distinta, bajo el argumento de que la resolución inicial fue insuficiente frente a la gravedad del suceso.
El llamado de la madre de la víctima a los jueces de la Corte penquista es a acoger el recurso de nulidad, pues su hijo fue atropellado por un vehículo que era conducido a exceso de velocidad y por eso —dijo— debe establecerse que esa conducta es delictual.
Actualmente, el caso se mantiene en una fase de incertidumbre jurídica mientras el tribunal de alzada analiza los argumentos técnicos presentados por las partes. La expectativa de la familia es que, tras esta admisibilidad, se ordene la repetición del juicio, lo cual abriría una nueva oportunidad para recalificar los hechos y buscar una condena que los querellantes consideran ajustada a derecho.
