La confirmación de la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el ‘Niño Guerrero’, marcó un antes y un después en la persecución contra el Tren de Aragua. Donald Trump informó en redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque para abatir al jefe de la organización, lo cual fue ratificado por las autoridades venezolanas al mencionar enfrentamientos con estructuras delictivas.
El destino de Johan Petrica
Con el deceso del ‘Niño Guerrero’, el foco de la inteligencia internacional se desplaza hacia los otros dos líderes que permanecen en libertad. El primero es Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, identificado como cofundador de la banda criminal junto a Guerrero y Larry Álvarez Núñez, este último actualmente encarcelado en Bogotá desde junio de 2024.
Según los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ‘Petrica’ se desempeña como un lugarteniente estratégico de Guerrero. Su influencia está directamente ligada a Las Claritas, una zona minera en Venezuela que alberga importantes yacimientos de oro, convirtiéndola en un enclave vital para el financiamiento de la estructura. Se le investiga por delitos graves que incluyen narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero. Por cualquier información que facilite su captura, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta US$4 millones.
El rol de Giovanny en Colombia
El segundo objetivo prioritario es Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido bajo los alias de ‘Giovanny’, ‘Viejo Verde’ o ‘El Viejo’. A diferencia de ‘Petrica’, su esfera de influencia se ha consolidado principalmente en Bogotá, donde es señalado como un líder estratégico en el territorio colombiano.
La operativa de ‘Giovanny’ se ha centrado en absorber bandas delictivas locales pequeñas para integrarlas bajo la marca y macroestructura del Tren de Aragua. Este modelo permite a dichas facciones ejecutar extorsiones y otros crímenes bajo el amparo de la organización. Ante su peligrosidad, el 3 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por su captura hasta los US$5 millones, intensificando la presión sobre sus redes de control territorial.
