La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la decisión de no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para Robinson Aguayo y Justo Altamirano. Ambos sujetos están siendo investigados por su participación en una violenta riña ocurrida el pasado 9 de junio en la comuna de Hualpén, incidente que fue captado íntegramente por cámaras de televigilancia.
El conflicto tuvo su origen en rencillas previas entre los imputados y un vecino, identificado como Pedro Tapia. De acuerdo con los registros audiovisuales, Tapia impactó en repetidas ocasiones la camioneta en la que se trasladaban Aguayo y Altamirano. Ante esta arremetida, los ocupantes del vehículo descendieron y respondieron utilizando objetos contundentes, específicamente fierros y palos, para golpear al conductor del otro móvil.
A raíz de la gravedad de la golpiza, Pedro Tapia resultó con lesiones de alta consideración, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital Las Higueras, recinto donde permanece internado hasta la fecha debido a la magnitud de sus heridas.
Detalles del proceso judicial y argumentos
Tras el hecho, los dos implicados fueron formalizados bajo los cargos de homicidio frustrado. En primera instancia, el Juzgado de Garantía de Talcahuano determinó medidas cautelares menores: firma semanal, arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse a la víctima.
La fiscal Carolina Somorrostro presentó un recurso ante la Corte penquista para revertir esta decisión y solicitar la prisión preventiva. El Ministerio Público sostuvo que, si bien existió una provocación inicial por parte de Tapia, la respuesta de los imputados ocurrió cuando la agresión ya había cesado, configurando un nivel de violencia desproporcionado.
La defensa de Robinson Aguayo y Justo Altamirano argumentó en todo momento que su actuar se enmarcó dentro de un episodio de legítima defensa, buscando desestimar la pretensión de la Fiscalía.
Finalmente, el tribunal de alzada decidió mantener las cautelares decretadas originalmente. Los magistrados estimaron que, por el momento, resulta necesario esperar el desarrollo de la investigación para confirmar si existió una legítima defensa o si los hechos ratifican la calificación jurídica de homicidio frustrado. El caso sigue abierto y la Fiscalía continúa recopilando antecedentes para el juicio final.
