A menos de diez días para el inicio del juicio oral, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó una visita a Contulmo, en la Región del Bío Bío, para abordar el caso del atentado al Molino Grollmus. El secretario de Estado fue enfático al declarar que “la violencia terrorista no debe quedar impune”, en referencia a los graves hechos ocurridos el 29 de agosto de 2022.
El ataque, que fue adjudicado por la organización radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), dejó consecuencias humanas devastadoras. Christian Rodrigo Cid Ferreira perdió un ojo, un integrante de la familia Grollmus sufrió la amputación de una pierna y una tercera persona resultó con lesiones de carácter grave.
Detalles del juicio y despliegue estatal
El proceso judicial que comienza el 23 de junio es considerado un hito para la justicia chilena. En total, 21 personas se encuentran detenidas y deberán responder ante los tribunales, incluyendo a dos individuos que eran menores de edad cuando se ejecutó el atentado incendiario y armado. Martín Arrau subrayó en su cuenta de X la importancia de este proceso:
“El próximo 23 de junio comenzará un juicio trascendental para Chile: 21 imputados deberán responder ante la justicia por el ataque armado y el incendio que destruyó el Molino Grollmus y golpeó brutalmente a su familia. Que este caso llegue a juicio es fruto de una investigación extensa y persistente, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada con el trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada”.
Durante su recorrido por la zona, el ministro enfatizó que estos hechos superan el ámbito privado y representan un desafío para el Estado de Chile. Su presencia buscó entregar respaldo directo a la familia afectada y asegurar que el sistema judicial pueda operar sin recibir presiones ni amenazas externas.
Nueva fuerza de tarea en la Macrozona Sur
Además del seguimiento al juicio, Arrau aprovechó la instancia para anunciar el despliegue de una nueva fuerza de tarea, la cual se integra al Plan Integral de Seguridad Pública del Gobierno. Según el ministro, este modelo operativo busca la coordinación interinstitucional para mejorar la respuesta ante la crisis de seguridad.
“Consiste en agrupar múltiples organismos del Estado al servicio de la seguridad, al servicio de las fuerzas de orden y seguridad, al servicio del Ministerio Público también”, explicó el titular de la cartera. La iniciativa contempla la firma de una resolución para formalizar este compromiso de trabajo constante en la Macrozona Sur. Con el juicio a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo mantiene la expectativa de que el fallo marque un precedente definitivo frente a los hechos de violencia en la región.
