Recomendaciones clave para el Minvu
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una serie de recomendaciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con el objetivo de modernizar el sistema de contrataciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El organismo detectó que la normativa actual, bajo la gestión de Iván Poduje, presenta barreras que afectan la libre competencia y provocan ineficiencias críticas en la ejecución de obras públicas.
El informe técnico analizó tres áreas fundamentales: la prohibición de inscripción simultánea para empresas relacionadas, el régimen de subcontratación en los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la ausencia de mecanismos especializados para resolver controversias entre las partes.
Barreras en el Registro Nacional de Contratistas
Según el análisis de la FNE, impedir la inscripción de empresas vinculadas en un mismo registro podría estar bloqueando el ingreso de nuevos competidores al mercado. Sin embargo, el organismo advierte que si se elimina esta prohibición, el ministerio debe implementar medidas estrictas —similares a la Ley de Compras Públicas— para evitar que empresas relacionadas participen en una misma licitación.
El objetivo es prevenir riesgos de coordinación, competencia simulada y el intercambio de información estratégica entre firmas de un mismo grupo empresarial, lo que actualmente podría distorsionar los procesos de adjudicación.
Cambios urgentes en la subcontratación
La FNE señaló que la falta de una definición específica para la subcontratación en el Minvu genera una grave incertidumbre. Actualmente, los Serviu aplican criterios dispares respecto a los límites permitidos, lo que termina perjudicando la eficiencia de los proyectos.
Para solucionar esto, el organismo propone:
- Incorporar una definición expresa de subcontratación en la normativa.
- Establecer un límite porcentual máximo de subcontratación nacional y vinculante.
- Prohibir la subcontratación horizontal entre empresas inscritas en el mismo registro y categoría.
- Restringir la capacidad de los subcontratistas para delegar las labores ya asignadas.
Resolución de conflictos
Finalmente, el estudio advierte que la normativa vigente no contempla mecanismos especializados para resolver conflictos durante la ejecución de las obras. Este vacío legal provoca retrasos, mayores costos y una menor competitividad en los procesos de licitación. Por ello, la FNE recomendó implementar procedimientos adecuados, transparentes y predecibles, que cuenten con decisiones finales que sean vinculantes para las partes involucradas.
