La Sala del Senado dio un paso clave para la inclusión al aprobar por unanimidad el proyecto de ley que modifica la Ley del Deporte, con el fin de precisar el alcance real del concepto de discapacidad en el ámbito deportivo. La iniciativa, que ahora deberá continuar su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, busca eliminar vacíos legales que hoy dificultan la aplicación de beneficios estatales.
El texto tiene su origen en las mociones presentadas por la senadora Fabiola Campillai junto a los senadores Sebastián Keitel y Matías Walker, además de una propuesta adicional de la misma parlamentaria. El objetivo central es que la normativa deje de ser general y defina de forma explícita las categorías de discapacidad.
¿Por qué es necesario especificar la discapacidad en la ley?
El senador Sebastián Keitel, quien preside la Comisión del Adulto Mayor y la Discapacidad, explicó ante la Sala que la redacción actual de la ley es demasiado ambigua. Según el parlamentario, esto genera interpretaciones discrecionales que derivan en situaciones de exclusión para deportistas con distintas condiciones.
La regulación vigente es muy general en la forma en que aborda la discapacidad, lo que da lugar a interpretaciones que, en la práctica, pueden generar situaciones de exclusión.
Para solucionar este problema, el proyecto incorpora de manera taxativa la mención a la discapacidad física, mental y sensorial. La intención es clara: garantizar que no existan desigualdades a la hora de asignar recursos financieros o de facilitar el acceso a beneficios que el Estado otorga para la promoción de actividades deportivas.
Próximos pasos y certeza jurídica
De acuerdo con el senador Keitel, la regulación actual es insuficiente para asegurar una entrega homogénea de apoyos estatales. Con la aprobación transversal en el Senado, se busca cerrar definitivamente las brechas interpretativas que han afectado a organizaciones deportivas y a personas con discapacidad en diversas regiones del país.
Este marco legal actualizado promete entregar mayores certezas jurídicas a las instituciones encargadas de distribuir los fondos. Tras este respaldo, el articulado pasa a la Cámara de Diputados para su debate final; de ser aprobado sin modificaciones, se convertirá en ley, garantizando que el financiamiento y la organización deportiva estatal dejen de estar sujetos a interpretaciones discrecionales.
