El plan del Minvu para extender las garantías
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se encuentra preparando un proyecto de ley que busca duplicar el periodo de garantía por defectos constructivos en viviendas sociales, elevándolo de cinco a diez años. Esta iniciativa, que el Ejecutivo planea ingresar durante el segundo semestre, nace ante la preocupación por los cuantiosos recursos públicos que el Estado ha debido destinar para reparar fallas estructurales y de instalaciones en proyectos habitacionales entregados recientemente.
La postura de Iván Poduje
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, fue enfático al declarar a El Mercurio que las deficiencias detectadas son problemas de habitabilidad que impactan directamente a las familias. Según el secretario de Estado, estos vicios constructivos se manifiestan poco tiempo después de la recepción de las viviendas, incluso cuando los proyectos aún se encuentran bajo el periodo de cobertura legal vigente.
Cifras que inquietan al Gobierno
La ofensiva del Minvu está respaldada por datos contundentes. Solo durante el presente año, el Estado proyecta desembolsos cercanos a los 3 millones de UF, cifra equivalente a unos $120 mil millones. Estos recursos están siendo utilizados exclusivamente para subsanar deficiencias en obras desarrolladas en años anteriores, una carga financiera que el Gobierno busca traspasar directamente a las empresas responsables mediante la extensión de esta responsabilidad.
La visión de la industria y expertos
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), advierten que esta medida podría traducirse en un encarecimiento de los nuevos proyectos, justo en un momento donde el sector intenta recuperarse de una prolongada crisis económica. Por su parte, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), sostuvo que la posventa es una fase clave y que la industria trabaja constantemente para mejorar los niveles de satisfacción de los propietarios.
En contraste, Claudia Sepúlveda, gerente inmobiliario de GPS Property, valoró la propuesta desde una perspectiva de calidad. Según la ejecutiva, elevar la responsabilidad a diez años no solo fortalece la protección de las familias ante cualquier defecto, sino que también permite elevar los estándares constructivos en las futuras edificaciones habitacionales del país.
