El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, confirmó este jueves que el Gobierno de Chile mantendrá a Gabriel Zaliasnik en su puesto como embajador en Israel. La determinación se sostiene a pesar de que el Ministerio Público inició una investigación formal en contra del diplomático por su presunta vinculación con el denominado caso Hermosilla.
Al ser consultado sobre el futuro del embajador frente a esta indagatoria judicial, el canciller fue enfático en señalar que la apertura del caso no altera la estrategia del Ejecutivo.
“Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”
, sostuvo Pérez ante la prensa.
La postura del Gobierno ante el avance judicial
El titular de Relaciones Exteriores evitó precisar si el Ejecutivo reevaluará la permanencia de Zaliasnik si la investigación, actualmente en sus etapas iniciales, arroja antecedentes más graves o si progresa en los tribunales. Ante la insistencia sobre un posible criterio futuro, el canciller reiteró su postura de prescindencia: “Como le he dicho, esto es una investigación que se ha iniciado recién y somos muy respetuosos del Ministerio y los tribunales de justicia, así que no voy a opinar más al respecto”.
El origen de la denuncia contra el embajador
La situación de Gabriel Zaliasnik en la Fiscalía de Valparaíso se precipitó el pasado miércoles, cuando el Ministerio Público decidió acoger la denuncia interpuesta por los parlamentarios del Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini. La acción legal busca esclarecer los presuntos delitos derivados de las conversaciones que Zaliasnik mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, figura central del caso Audio.
De acuerdo con la denuncia presentada por los legisladores el lunes 8 de junio, los antecedentes se basan en revelaciones de Reportea. Según la acusación, el embajador formó parte del círculo jurídico que colaboraba estrechamente con Hermosilla en causas complejas vinculadas al segundo mandato de Sebastián Piñera. Los ilícitos señalados en el documento incluyen malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Por ahora, el diplomático continúa en funciones mientras la Fiscalía de Valparaíso desarrolla las primeras diligencias de la causa.
