La Fiscalía de Valparaíso ha dado inicio a una investigación formal contra el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. La causa se origina tras la denuncia presentada el pasado lunes 8 de junio por los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes apuntan a presuntos delitos derivados de los chats que el diplomático mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio.
Los antecedentes que motivaron esta acción judicial fueron expuestos originalmente por el medio Reportea. Según los denunciantes, Zaliasnik integraba un círculo de abogados que mantenía una estrecha coordinación con Hermosilla durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, abordando causas de alta sensibilidad política.
Delitos imputados y alcance de la denuncia
La denuncia contra el embajador Gabriel Zaliasnik es extensa y grave, abarcando una serie de figuras delictivas de alto impacto público. Entre los cargos presentados por los legisladores del PS, destacan:
- Malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
- Negociación incompatible y tráfico de influencias.
- Interceptación ilegal de comunicaciones y seguimiento sin orden judicial.
Los hechos detallados incluyen una supuesta petición para acceder a gastos reservados del Estado con el fin de costear una defensa penal privada. Asimismo, se mencionan gestiones de honorarios que involucran a la entonces presidenta del directorio de ENAP, efectuadas en paralelo a un contrato con la firma estatal durante el año 2020. También se denuncia la intervención en nombramientos del Poder Judicial y la búsqueda de fallos favorables.
Voces de la controversia
La senadora Cicardini calificó las revelaciones como un golpe a la fe pública:
Las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político. Eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones.
Por su parte, el diputado Manouchehri cuestionó el nombramiento realizado por el actual Ejecutivo, señalando que los chats demuestran un patrón de comportamiento. Según el parlamentario, estas conversaciones no son de carácter privado, sino que reflejan una estrategia de persecución contra adversarios y protección de aliados. “El Gobierno debe explicar por qué nombró embajador a una persona vinculada a antecedentes de esta gravedad”, sentenció.
Actualmente, la Fiscalía de Valparaíso se encuentra analizando el cúmulo de pruebas entregadas para determinar las siguientes diligencias procesales. El caso promete escalar a medida que se esclarezca si el vínculo entre ambos abogados derivó en un uso ilícito de los recursos y las facultades del Estado chileno.
