El cuestionado contrato en la CNR
La Comisión Nacional de Riego (CNR) se encuentra bajo la lupa tras una grave observación de la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador detectó que la institución suscribió un contrato por $357.262.000 con la consultora Arrebol Ingeniería y Gestión del Agua SpA, a pesar de que la empresa estaba legalmente inhabilitada para contratar con el Estado.
El foco del conflicto radica en el vínculo directo entre el representante legal de la consultora, Álvaro Isla Figueroa —quien fue coordinador de la Macro Región Zona Norte de la CNR entre 2015 y 2018— y una funcionaria a contrata de la misma entidad. Según la auditoría de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, ambos mantienen un vínculo matrimonial desde 2011, el cual estaba vigente durante la licitación y adjudicación del programa “Capacitación usuarios de agua en gestión del recurso hídrico regiones de Antofagasta y Atacama”, aprobado mediante la resolución exenta N° 2.877 del 30 de abril de 2024.
¿Qué dice la ley sobre esta inhabilidad?
El caso contraviene el artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas N° 19.886, introducido por la Ley N° 21.634 en diciembre de 2023. Esta normativa prohíbe explícitamente que los organismos públicos celebren contratos con sus funcionarios, sus cónyuges o convivientes civiles, extendiendo esta restricción a empresas cuyos representantes legales mantengan dicho parentesco.
El informe concluyó que la CNR celebró un contrato con una empresa que se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, configurándose una infracción a la legislación vigente.
La Contraloría subrayó que la CNR no justificó la aplicación de ninguna excepción legal para este contrato, omitiendo fundamentos objetivos o verificables que permitieran validar la operación pese a la inhabilidad existente.
La postura de la Comisión Nacional de Riego
Ante las consultas por las irregularidades, la CNR argumentó que la empresa presentó una declaración jurada simple el 4 de marzo de 2024 afirmando no tener impedimentos legales. Según la institución, la comisión evaluadora desconocía el parentesco en ese momento y solo tomó conocimiento de la falsedad de la información posteriormente.
La entidad aseguró que, tras las observaciones recibidas en 2025, se han implementado nuevos controles en las declaraciones juradas y que, en procesos posteriores, la misma consultora fue excluida al declarar explícitamente su vínculo de parentesco. No obstante, Contraloría mantuvo el reparo debido a que el contrato ya produjo efectos jurídicos, instruyendo un proceso disciplinario interno y la derivación de los antecedentes al Ministerio Público.
Actualmente, la CNR ha señalado que se encuentra recabando los antecedentes necesarios para responder formalmente al Informe Final N°454 de 2025 y levantar las observaciones, comprometiéndose a colaborar con el proceso de fiscalización en curso.
