Percepción ciudadana sobre las causas de la criminalidad
El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó este miércoles los resultados del Estudio Nacional de Opinión Pública n.º 96, correspondiente al periodo entre abril y mayo de 2026. El informe entrega radiografías clave sobre la seguridad pública, destacando que el 55% de los consultados identifica la «falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes» como el principal motor de la inseguridad en el país.
Otras causas citadas por los ciudadanos incluyen el consumo de drogas y alcohol (44%), las bandas de narcotráfico (43%), la inmigración irregular (41%), la pobreza y falta de oportunidades (34%) y, finalmente, la desigualdad (20%).
¿Qué formas de protesta justifica la población?
El estudio profundizó en el apoyo a diversas formas de manifestación. Frente a la pregunta sobre las marchas, un 35% las justifica siempre o casi siempre, un 26% a veces, y un 39% nunca o casi nunca. El rechazo se hace evidente en métodos de protesta disruptivos:
- Evadir el transporte público: solo un 11% lo justifica siempre o casi siempre, mientras que un 73% lo rechaza de plano.
- Barricadas o destrozos: apenas un 3% muestra respaldo, frente a un 90% que se opone.
- Saqueos: cuentan con un rechazo mayoritario del 94%, con solo un 2% de apoyo.
- Incendios: esta es la acción con menos respaldo, con un 95% de rechazo y solo un 2% que lo justificaría.
- Ocupación de terrenos o fábricas: un 85% nunca o casi nunca lo aprueba, frente a un 5% que lo justifica.
- Tomas de colegios y universidades: un 23% está de acuerdo, mientras que un 76% se muestra en desacuerdo.
Carabineros y el uso de la fuerza
La relación entre la ciudadanía y las fuerzas de orden también fue medida. Ante el uso de gases lacrimógenos por parte de Carabineros, las opiniones se dividen: 30% los justifica siempre o casi siempre, 30% a veces y 39% nunca. Respecto al uso de la fuerza contra un manifestante violento, el 47% entrega su respaldo, mientras que un 24% se opone totalmente.
Sobre el uso de balines de goma, un 24% justifica su implementación siempre o casi siempre, igual porcentaje lo hace «a veces», y un 50% los rechaza por completo. Estos datos marcan la pauta del debate sobre el orden público para los próximos meses, dejando en evidencia una alta exigencia ciudadana por mayor mano dura contra la violencia, pero con márgenes de tolerancia variables según la herramienta policial utilizada. ¿Lograrán las políticas públicas alinear estas expectativas ciudadanas con los marcos legales vigentes?
