El giro en la estrategia del Ministerio de Hacienda
El debate sobre el secreto bancario en Chile enfrenta un momento decisivo. Tras la negativa del Senado este martes a la propuesta que facultaba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) —entidad dependiente del Ministerio de Hacienda— a obtener información financiera sin orden judicial, el Ejecutivo ya prepara una contraofensiva legislativa.
La controversia se centró en la facultad de la UAF para acceder directamente a datos protegidos. El Senado fue enfático al bloquear la posibilidad de prescindir de un juez en este procedimiento, obligando al Ejecutivo a mover el debate hacia una comisión mixta para encontrar un punto de equilibrio político y técnico.
La nueva fórmula de Quiroz
Desde Hacienda, el equipo liderado por Quiroz está trabajando contrarreloj en una nueva indicación para la comisión mixta. El objetivo oficial no es desistir, sino adaptar la normativa: se busca integrar el control judicial previo, potenciar las facultades de la Fiscalía y optimizar los plazos de respuesta para las solicitudes de información.
Fuentes gubernamentales confirmaron que este viernes se llevará a cabo una reunión clave para diseñar esta enmienda. La intención es clara: modernizar el sistema de inteligencia financiera sin vulnerar las garantías que exige el Poder Legislativo.
Próximos pasos en la comisión mixta
El proyecto no se limita exclusivamente al levantamiento del secreto bancario, sino que pretende mejorar la arquitectura de intercambio de información dentro del sistema financiero nacional. La urgencia es máxima y se espera que la comisión mixta se constituya durante la próxima semana para despachar la iniciativa con celeridad.
La composición de esta instancia será determinante para el futuro de la ley. Los integrantes que deberán zanjar las diferencias son:
- Senador Karim Bianchi (ind)
- Senador Pedro Araya (PPD)
- Senador Juan Luis Castro (PS)
- Senador Andrés Longton (RN)
- Senador Cristián Vial (ind – Republicano)
El desenlace de este trámite marcará un precedente en cómo el Estado gestiona el acceso a datos financieros sensibles en investigaciones de alta complejidad.
