El avance del proyecto en la Cámara
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde, en términos generales, a una moción que busca imponer penas de cárcel a quienes decidan cubrir su rostro en reuniones públicas. El texto, impulsado por el diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, pretende tipificar legalmente el delito de ocultamiento de identidad durante eventos masivos o situaciones de desórdenes públicos.
Sanciones y excepciones contempladas
La normativa propuesta establece que cualquier persona que, en contextos de reuniones en lugares públicos, emplee elementos como capuchas, pañuelos, máscaras o maquillaje para impedir su identificación, arriesga una condena de presidio menor en su grado mínimo. Sin embargo, el proyecto contempla excepciones explícitas para quienes utilicen estas prendas por motivos de salud, culto religioso o condiciones que se encuentren debidamente justificadas ante la autoridad.
Además, el proyecto introduce un agravante relevante: si el sujeto es sorprendido cometiendo un crimen o un simple delito mientras oculta su rostro en un evento masivo, la pena asignada al ilícito principal se verá aumentada en su grado. Esta medida busca aumentar la dureza de las sentencias cuando el anonimato se utiliza para facilitar actos delictuales.
Reparos institucionales durante la discusión
La iniciativa obtuvo 7 votos a favor y 4 en contra, pero no estuvo exenta de críticas técnicas durante su trámite legislativo. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Rodrigo Espinoza, advirtió que, aunque valoran la intención de controlar a los encapuchados, el proyecto carece de certeza jurídica y utiliza una definición de «lugar público» demasiado amplia.
Por su parte, la defensora nacional, Verónica Encina, cuestionó la falta de claridad sobre el bien jurídico protegido por la ley, señalando que la propuesta podría generar problemas en la aplicación sistemática del derecho y posibles vulneraciones a derechos fundamentales. En la misma línea, Sebastián Cabezas, jefe de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), alertó sobre la afectación a diversos derechos, el principio de proporcionalidad y la forma en que se tipifican las conductas sancionadas.
