La senadora del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, encendió las alarmas este martes tras denunciar lo que calificó como un “mecanismo de amedrentamiento” en el marco de los embargos aplicados a morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). En conversación con Radio Agricultura, la parlamentaria puso en duda la legalidad del procedimiento que permite a la Tesorería General de la República intervenir y vaciar las cuentas corrientes de los deudores.
¿Qué sucede realmente con estos embargos? Según la senadora, la situación ha derivado en escenarios críticos donde incluso personas cesantes han sufrido el retiro de fondos de sus cuentas. Sánchez relató que ha recibido múltiples testimonios de ciudadanos afectados, muchos de los cuales no saben cómo proceder ni cómo cubrir sus necesidades básicas tras ver sus cuentas vacías.
Contradicciones en las cifras y alcance de los embargos
Uno de los puntos centrales de la crítica de la legisladora radica en la falta de claridad sobre a quiénes apunta este proceso. Beatriz Sánchez señaló que, inicialmente, se comunicó que la medida afectaría a quienes percibían ingresos superiores a los $5 millones, cifra que posteriormente se ajustó a los $3 millones. Sin embargo, la realidad expuesta por la parlamentaria sugiere que el alcance ha sido mucho más amplio y menos selectivo.
“Se hablaba primero de que era para las personas que ganaban sobre $5 millones, hoy día se habla de una cifra de $3 millones. Yo conozco gente que está cesante, a la que le vaciaron la cuenta corriente, así que no entiendo muy bien si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento. Pero me parece feroz, muy brutal”
Para la senadora, este tipo de políticas resultan “abusivas” y sostiene que, en lugar de recurrir a acciones de esta naturaleza, el Estado debería impulsar alternativas concretas para que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones sin ser asfixiados financieramente.
Crítica a la gestión del Gobierno y al contexto económico
El cuestionamiento de la senadora Sánchez no se limitó únicamente a la recaudación de los créditos universitarios. La legisladora aprovechó la instancia para lanzar una crítica más amplia al rol del actual Gobierno en su gestión de las finanzas públicas y el impacto social de sus medidas.
“Creo que este gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas”, afirmó, contrastando esta situación con la tramitación de leyes que, a su juicio, favorecen a sectores de mayores ingresos. Como ejemplo, mencionó el proyecto de ley que propone reducciones impositivas al 1% más rico de Chile, planteando una interrogante sobre la dirección que están tomando las políticas públicas en el país.
Por ahora, la incertidumbre persiste entre los miles de deudores que temen por la disponibilidad de sus fondos. Mientras el debate parlamentario se intensifica, el futuro de estas medidas de cobro sigue bajo un intenso escrutinio político que obligará al Ejecutivo a clarificar los criterios de aplicación de estos embargos.
