La Corte Suprema inició un complejo proceso de revisión respecto a 104 casos de jueces, ministros, relatores y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, quienes están siendo indagados por haber viajado al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencia médica. Esta fiscalización se llevó a cabo este lunes durante una sesión plenaria del máximo tribunal, instancia donde se analizaron tanto recursos de apelación como expedientes que ya contaban con resoluciones en etapas investigativas previas.
El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, explicó que el cúmulo de antecedentes es mixto: algunos corresponden a sumarios administrativos que ya fueron cerrados, mientras que otros fueron elevados al pleno para escrutar si los criterios aplicados fueron los adecuados. Debido a la gran cantidad de documentación y casos presentados, el tribunal no logró emitir resoluciones finales durante la jornada.
¿Qué pasará con los funcionarios investigados?
Sobre el futuro de estos expedientes, Jorge Sáez detalló:
Los primeros casos, los apelados, deben ser resueltos; los segundos, eventualmente, podrían ameritar alguna decisión del pleno. Si se adopta una decisión respecto de los otros casos, serán comunicadas en su oportunidad. Hago presente también que los procedimientos de investigación sumariales corresponden a responsabilidad funcionaria y, por lo tanto, no necesariamente son de conocimiento público.
El secretario precisó que, dependiendo de la gravedad de los antecedentes, el pleno tiene la facultad de escalar las medidas disciplinarias, lo que podría derivar en la apertura de cuadernos de remoción para aquellos funcionarios cuyas faltas sean consideradas de mayor severidad.
La crítica por disparidad de criterios
La situación ha encendido las alarmas en diversos sectores del mundo judicial. La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) ha expresado su preocupación ante lo que consideran un trato desigual en los procesos disciplinarios. Marcelo Acevedo, presidente de la OTJ, cuestionó la diferencia entre las sanciones aplicadas a funcionarios comunes frente a las recibidas por jueces.
Es una alerta roja en el sentido de que le importa más lo que pasa con los jueces que con los funcionarios, ya que los sumarios administrativos, a lo menos de los funcionarios, la mayoría ha terminado con la solicitud de cuaderno de remoción. Muchos jueces han terminado más bien con una sanción leve o un sobreseimiento. Lo que quiere decir no que un caso u otro esté bueno o malo, sino que existe una disparidad de criterios.
Por el momento, el pleno de la Corte Suprema se mantiene analizando los 104 expedientes bajo reserva. Se espera que las resoluciones finales sean comunicadas una vez que el tribunal concluya el examen detallado de cada uno de los casos, marcando un precedente clave sobre la responsabilidad administrativa en el Poder Judicial.
