Definición de la comisión revisora
La acusación constitucional contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda, ya tiene su panel de jueces. Este martes, la Cámara de Diputados realizó el sorteo para definir a los cinco integrantes de la comisión revisora que analizará el libelo acusatorio presentado el pasado lunes.
El documento, que acusa al exsecretario de Estado de presuntas irregularidades en la entrega de información fiscal, cuenta con 10 firmas clave. Entre los impulsores se encuentran diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, sumando además el respaldo de congresistas de Renovación Nacional (RN), el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido de la Gente (PDG).
El proceso de sorteo
Previo al procedimiento liderado por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, se excluyó formalmente a los parlamentarios que estamparon su firma en el escrito. La lista de inhabilitados incluyó a los diputados Álvaro Jofre, Gloria Naveillan, Cristóbal Urruticoechea y Paulina Muñoz (PNL); Javier Olivares y Patricio Briones (PDG); Daniel Valenzuela e Ignacio Urcullú (Ind.- RN/RN); Francisco Orrego (RN); Roberto Arroyo (Ind.); junto a Benjamín Moreno y Valentina Becerra del Partido Republicano.
Tras el sorteo, se confirmó que tres de los cinco miembros pertenecen a la oposición. La importancia de esta instancia radica en que, de prosperar la acusación, el exministro Grau quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de cinco años.
Incógnitas en la votación
El escenario de votación permanece abierto. Aunque la diputada Joanna Pérez forma parte del oficialismo, no ha comprometido su voto a favor de la medida. De igual forma, el diputado Bianchi, pese a militar en la oposición, declaró en el programa Telenoche de T13 que todavía está en proceso de analizar la pertinencia del libelo.
Mientras tanto, el debate político sigue su curso. Sobre la posibilidad de que este proceso afecte la discusión de la megarreforma, José Antonio Kast señaló que cada proceso debe ser evaluado en su mérito propio. La comisión deberá ahora revisar los fundamentos técnicos de la acusación para determinar si el exministro Grau efectivamente incumplió sus deberes legales durante su gestión.
