La incertidumbre se ha tomado las elecciones en Perú, donde el conteo de las actas observadas de la segunda vuelta se ha convertido en el factor decisivo para determinar quién será el próximo mandatario. Con un 95,96% de los votos escrutados, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lidera con un 50,056%, mientras que Keiko Fujarán, representante de Fuerza Popular, le sigue muy de cerca con un 49,944%.
El peso de las actas en disputa
Según reportes de medios como El Comercio, existen más de 1.500 actas observadas que deben ser procesadas por la justicia electoral. El abogado especialista José Manuel Villalobos estima que, considerando un promedio de 200 votos por cada acta, estarían en juego cerca de 300.000 votos. Aunque la cifra exacta depende de la jurisdicción, este volumen es determinante dado el estrecho margen que separa a ambos aspirantes.
El abogado José Tello explicó a RPP que el procedimiento de revisión es riguroso. Este puede involucrar cotejos, reconteos y posibles apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los documentos suelen ser observados por errores materiales, problemas de legibilidad, firmas cuestionadas u otras incidencias que impiden su procesamiento automático por parte de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).
El procedimiento ante los JEE y el JNE
Cuando una ODPE detecta un problema, el acta se remite al Jurado Electoral Especial (JEE). Este organismo temporal realiza un cotejo con las copias en su poder para subsanar deficiencias como datos o nombres ilegibles. En casos de errores numéricos, la Ley Orgánica de Elecciones permite incluso el reconteo de votos para asegurar la voluntad popular, proceso que se realiza por única vez y cuya resolución es inapelable.
Sin embargo, en otros supuestos, las resoluciones de los JEE pueden ser apeladas hasta el tercer día de su emisión. Tras la impugnación, el expediente escala al JNE, que actúa como última instancia. El presidente del organismo, Roberto Burneo, ha señalado que la proclamación definitiva podría demorarse hasta mediados de julio.
Sobre esta dilación, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, detalló a RPP que el proceso de «ida y vuelta» entre instancias, sumado a las apelaciones de los personeros, es lo que finalmente posterga el anuncio oficial. ¿Lograrán las autoridades despejar todas las dudas antes de la quincena de julio, o la tensión política se mantendrá hasta el último minuto?
