El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló este lunes los alcances del nuevo proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que apunta a ampliar drásticamente el plazo de retención de migrantes irregulares sujetos a órdenes de expulsión pendientes. En conversación con Radio Duna, la autoridad explicó que la propuesta busca extender el periodo actual, que es de apenas 5 días, a un máximo de 60 días iniciales.
La medida no se detiene ahí, ya que el diseño propuesto contempla la posibilidad de aplicar prórrogas adicionales. Esto permitiría que un migrante bajo proceso administrativo pueda permanecer retenido por un total de hasta 180 días. Según Pavez, el objetivo central es entregarle al Estado un margen operativo mayor para ejecutar efectivamente la ley, superando las limitaciones que hoy impone la normativa vigente.
¿Por qué se necesita ampliar el plazo de retención?
El diagnóstico del Gobierno es claro: el límite actual de cinco días resulta insuficiente para completar los procesos de expulsión. Al respecto, el subsecretario enfatizó que el problema no es solo operativo, sino también constitucional. «Hoy día la dificultad que tenemos es que el plazo se nos hace corto. Y la segunda dificultad es que uno no puede modificar la Ley de Inmigración si es que tiene un límite constitucional en los cinco días», señaló.
Para el Ejecutivo, esta iniciativa no es un hecho aislado, sino una reforma constitucional que habilita una discusión más profunda. Pavez precisó que el proceso requiere obligatoriamente una ley habilitante que permita que las normas conversen entre sí. La lógica detrás de esto es asegurar que, ante cualquier ingreso ilegal, se inicie un proceso sancionatorio cuya conclusión sea, «a todo evento», la expulsión del ciudadano extranjero.
«Se busca por un lado tener todas las garantías posibles de que una persona que tiene que ser expulsada se va a revisar, y se le van a hacer todos los trámites necesarios, y eventualmente también disuadir la posibilidad de que personas sigan ingresando ilegalmente al país».
El factor disuasivo y el futuro legislativo
Uno de los puntos clave mencionados por la autoridad es el efecto disuasivo que busca generar esta ley. Si los extranjeros saben que existe una capacidad real y prolongada para materializar una orden de expulsión, el incentivo para ingresar irregularmente debería disminuir. Actualmente, si una persona es detenida un viernes y los recursos legales se interponen durante el fin de semana sin resolución, el Estado se ve forzado a dejarla en libertad al cumplirse el breve plazo de cinco días.
En cuanto a la hoja de ruta, el subsecretario manifestó optimismo respecto a la tramitación en el Congreso. Aunque reconoció que las reformas constitucionales poseen una complejidad inherente, aseguró que, de existir diligencia por parte de los parlamentarios, el Ejecutivo mantiene la esperanza de que el proyecto sea aprobado durante el transcurso de este mismo año. Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer el control fronterizo y dotar al Estado de herramientas jurídicas más robustas frente a la crisis migratoria.
