La Tesorería General de la República (TGR) salió al paso de las preocupaciones sobre los embargos por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), aclarando que ya superan los 1.500 casos ejecutados. Según el organismo, gran parte de estas acciones legales apuntan a personas que registran ingresos mensuales iguales o superiores a los $3.500.000, basándose en sus propias declaraciones de impuestos del Año Tributario 2025.
El tesorero general, Hernán Nobizelli, enfatizó que estas medidas forman parte de una estrategia para recuperar recursos públicos que el Fisco ha debido desembolsar ante los bancos. Actualmente, el Estado mantiene una deuda acumulada superior a los $4 billones de pesos, correspondiente a más de 550 mil personas que no han cumplido con sus obligaciones de pago del crédito estudiantil.
Situación de los deudores y facilidades de pago
Desde el organismo precisaron que el número de embargados representa apenas un 5% del total de casos que han optado por regularizar su deuda mediante convenios. Durante el presente año, más de 32 mil personas han suscrito acuerdos de pago adaptados a su situación económica acreditada, aprovechando condiciones especiales para quienes cuentan con menores ingresos.
En aquellos casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor, la institución ha ejercido las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente, incluyendo medidas de embargo cuando corresponde.
Para quienes hoy se encuentran cesantes, la TGR recordó que existe la posibilidad de acceder a un pie y cuotas de 1 UTM. Para ello, los interesados deben presentar el certificado de cotizaciones previsionales y el finiquito a través de la Oficina Virtual de Trámites de la institución.
Respaldo judicial y proyecciones de cobro
Un punto clave en esta estrategia es el reciente respaldo obtenido en los tribunales. La Corte de Apelaciones de Arica, en la causa Rol N° 300-2026, rechazó un recurso de protección que buscaba anular un mandamiento de ejecución. El tribunal validó así que el procedimiento administrativo de cobro coactivo es legal una vez que la garantía estatal se hace efectiva.
La TGR subrayó que este fallo se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias similares. La institución fue tajante al señalar que el hecho de haberse enfocado en contribuyentes de altos ingresos no implica que el proceso se detendrá. La advertencia es clara: las acciones de cobro continuarán para todos aquellos que mantengan deudas pendientes sin regularizar, instando a los afectados a informarse en tgr.cl/cae.
