Acción judicial tras denuncia del alcalde de Santiago
La diputada Irací Hassler (PC) oficializó una querella por denuncia calumniosa contra el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (ex RN). Esta medida surge como respuesta a la reciente acción judicial presentada por el edil en el marco del Caso Sierra Bella, donde la actual administración municipal busca perseguir posibles delitos de fraude vinculados a la fallida compra de la ex clínica durante la gestión de la exalcaldesa.
La defensa de Hassler sostiene que el proceso está cerrado, argumentando que la causa ya fue investigada durante cerca de dos años, periodo que culminó con el sobreseimiento definitivo de la investigación. Por ello, insisten en que no existen hechos nuevos que justifiquen la reapertura del caso ni la nueva querella presentada por la municipalidad.
La postura de la diputada frente al Caso Sierra Bella
A través de su cuenta en la red social X, la congresista confirmó que la querella busca frenar lo que denomina como una maniobra política. «Presentaremos una querella por denuncia calumniosa contra Mario Desbordes. Es lamentable que el alcalde busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena», manifestó Hassler.
La parlamentaria enfatizó que las resoluciones judiciales firmes deben ser respetadas y no instrumentalizadas para fines comunicacionales. En su mensaje, Hassler llamó al alcalde a dejar atrás lo que calificó como «campañas de desprestigio» y a concentrar sus esfuerzos en la gestión que la comuna de Santiago requiere actualmente.
La visión de la defensa legal
El abogado de la diputada, Miguel Schürmann, fue enfático al señalar que el objetivo de esta nueva acción es proteger la honra de su representada. «Resulta vergonzoso que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia», declaró el jurista al abordar la situación.
Para Schürmann, la actuación del jefe comunal representa una burla hacia el sistema judicial y al principio de cosa juzgada. Finalmente, el abogado recordó que esta arremetida ignora el curso legal previo, asegurando que «la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente».
