En un escenario de alta tensión política en Perú, la justicia decidió este viernes, a solo horas de que se celebre el balotaje presidencial, enviar a juicio oral al candidato izquierdista Roberto Sánchez. La resolución judicial responde a una acusación por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido político, hechos que se remontan a unos seis años atrás.
El proceso legal que enfrentará el aspirante a la presidencia —quien disputa el cargo contra la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori— no tendrá un impacto oficial inmediato en la elección. Esto se debe a que la orden judicial aún debe pasar por un proceso de apelación, por lo que su participación en los comicios se mantiene vigente.
Detalles del caso y la resolución judicial
Durante una audiencia virtual que se extendió por dos días, el juez Adolfo Farfán comunicó la decisión del tribunal:
Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino.
Por su parte, la fiscalía peruana, que ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel para el candidato, manifestó estar conforme con este auto de enjuiciamiento.
La defensa de Roberto Sánchez ya ha confirmado que apelará la resolución, contando con un plazo legal de una semana para presentar los recursos correspondientes ante las autoridades judiciales.
Acusaciones por financiamiento irregular
De acuerdo con la tesis de la fiscalía, existen inconsistencias financieras significativas en los reportes del partido Juntos por el Perú. Según la acusación, estos problemas contables ocurrieron durante las campañas para los comicios regionales y municipales en los que participó el candidato entre los años 2018 y 2020.
El ente persecutor sostiene que Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares provenientes de aportes de integrantes de Juntos por el Perú, destinados a actividades del partido, los cuales habrían sido omitidos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aunque el juicio avanza, la Constitución peruana establece que, en caso de resultar electo como presidente, el candidato obtendría inmunidad presidencial, lo que añade un factor de incertidumbre sobre el futuro judicial del proceso.
