La reciente determinación del Servicio de Impuestos Internos (SII) para permitir que las casas de apuestas online tributen en Chile ha generado una fuerte controversia en el ámbito legislativo. A pesar de que la Corte Suprema ha declarado la ilegalidad de estas plataformas, el organismo tributario avanzó con una medida que hoy es cuestionada por diversos sectores del Congreso.
Ante la magnitud de la polémica, la Contraloría General de la República ha intervenido oficialmente, oficiando al SII para que presente los argumentos jurídicos que justifican esta decisión. El ente fiscalizador exige explicaciones claras sobre cómo se avala la recaudación de impuestos a entidades que operan en un marco de ilegalidad declarada.
Críticas desde el Senado: Moreira y Espinoza
El descontento se ha hecho sentir en la Cámara Alta, donde senadores de distintos sectores han alzado la voz. Iván Moreira (UDI) calificó la medida del Gobierno como extremadamente grave, cuestionando la falta de transparencia sobre los dueños de estas plataformas:
No se le puede cobrar impuestos a una empresa internacional de apuestas, en circunstancias que no sabemos quiénes están detrás. Puede ser el crimen organizado, a mí no me extrañaría; primero se requiere una investigación, pero hacerla con tanto apresuramiento a mí me parece que es extremadamente gravísimo.
En la misma línea, el senador Fidel Espinoza (PS) advirtió sobre el peligro de sentar un precedente peligroso para la normativa nacional. Para el parlamentario oficialista, esta resolución es un retroceso que podría incentivar otras actividades irregulares en el país.
Si usted empieza en un país determinado a recaudar con actividades ilegales, está haciendo un llamado claro y abierto a generar más actividades irregulares en la misma y otras áreas (…) nos parece algo que es un retroceso tremendo, porque no somos un país bananero que pueda actuar de esa manera.
Próximos pasos en la polémica
Actualmente, el SII se encuentra bajo un estricto plazo de 10 días hábiles para entregar los fundamentos jurídicos que respaldan su resolución. El futuro de esta normativa es incierto: ¿logrará el Gobierno sostener la medida o se verá obligado a revertirla ante la presión del Legislativo y los cuestionamientos de legalidad? La respuesta del Servicio de Impuestos Internos será clave para definir si esta estrategia de recaudación se mantiene en pie o si deberá ser revisada bajo estándares más estrictos de seguridad jurídica.
