El Poder Judicial enfrenta una nueva controversia por su intención de renovar la flota automotriz institucional. La Corporación Administrativa (CAPJ) gestiona ante la Dirección de Presupuestos (Dipres) la reasignación de $615 millones, destinados específicamente a la compra de 22 vehículos que, según la institución, se encuentran en estado crítico.
La medida busca reemplazar automóviles fabricados entre 2012 y 2015, los cuales presentan hasta 14 años de antigüedad. El plan original contempla que la prioridad para esta modernización recaiga sobre los presidentes de las 17 Cortes de Apelaciones del país, dejando el resto de la flota para una actualización gradual en los años venideros.
Tensión en el Congreso por el gasto fiscal
Esta solicitud se da en un momento donde el Ministerio de Hacienda ha instado a la contención del gasto público debido al complejo escenario económico que atraviesa Chile. La noticia, revelada inicialmente por la Unidad de Investigación de BioBioChile, encendió las alarmas en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la instancia, Jaime Mulet, sostuvo que no se opone a la seguridad de los jueces, pero puso una condición clara:
Los vehículos deben ser normales y sin lujos.
La postura opositora fue más drástica a través del diputado republicano Luis Sánchez, quien calificó la petición como “excesiva y derechamente mal planificada”. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, reconoció que las condiciones de los autos son deficientes, pero cuestionó que se priorice esta inversión en un contexto de estrechez fiscal.
El fantasma del caso Lexus
Este nuevo requerimiento de la CAPJ reabre inevitablemente las heridas del escándalo registrado en 2024. En aquel entonces, el intento de adquirir 22 autos marca Lexus —valorados en casi 60 millones de pesos cada uno— para los ministros de la Corte Suprema derivó en una crisis política y administrativa. Aquel episodio terminó con la salida de dos altos directivos de la corporación tras el sumario correspondiente.
Actualmente, la solicitud permanece bajo análisis mientras el Poder Judicial intenta justificar la urgencia de la modernización. Queda por ver si el Ejecutivo autorizará estos fondos o si la presión política obligará a la institución a postergar nuevamente sus planes de renovación automotriz.
