El caso que sacude al Poder Judicial peruano
El magistrado Richard Concepción Carhuancho, conocido por dictar prisión contra figuras clave como Ollanta Humala y Keiko Fujimori, vive horas críticas. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo encargado de evaluar a los jueces en Perú, inició una investigación en su contra que podría derivar en una suspensión provisional de seis meses.
Las acusaciones resultan, al menos, insólitas: se le imputa afectar la imagen del Poder Judicial por hechos tan diversos como dictar clases en un instituto, utilizar la imagen de un investigado en una ponencia y, particularmente, haber cantado en un evento académico. Para muchos expertos, estas faltas carecen de sustento legal.
Defensa legal ante la Junta Nacional de Justicia
Juan Monroy Gálvez, abogado del juez, expuso la semana pasada los descargos ante la JNJ en una audiencia pública. El jurista fue tajante al señalar que no existe normativa que prohíba a un magistrado cantar en un evento o realizar actividades docentes fuera de instituciones universitarias.
El numeral 13 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial autoriza a dar conferencias a título personal y no restringe ni especifica el tipo de institución; por otro lado, tampoco hay una práctica sancionadora que prohíba charlas en institutos que no son universitarios, argumentó Monroy.
El defensor añadió que la actividad artística es parte de la esfera personal y está protegida por la libertad de expresión, cuestionando dónde se encuentra el enunciado normativo que sanciona a un juez por cantar, calificando el proceso como una persecución a los disidentes.
¿Intereses políticos detrás del proceso?
La tesis de Monroy Gálvez sostiene que el caso responde a motivaciones coyunturales. Según el abogado, un sector de la judicatura y el Ministerio Público representa el único límite real frente a un poder central, ya sea en el Congreso o el Gobierno Central, que ejerce funciones bajo actos cuando menos discutibles.
Voces respetadas en el ámbito jurídico han respaldado esta visión. Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y decana del Colegio de Abogados de Lima, calificó la investigación de absurda: “¿Qué delito está cometiendo o qué falta grave? No existe. O sea, hacer docencia, perdón, pero ya es el mundo de la locura”. Por su parte, el abogado César Nakasaki, pese a ser crítico habitual de las decisiones de Carhuancho, afirmó en la red social X que el procedimiento de la JNJ carece de fundamento al intentar sancionar al juez por hechos ajenos a su función jurisdiccional.
El ex coronel Harvey Colchado también se sumó a las críticas, advirtiendo que el mensaje es peligroso: “aquel funcionario que investiga, incomoda o no se somete, termina perseguido”. Mientras la JNJ mantiene su postura, el caso se perfila como un símbolo de la polarización en el Perú, dejando abierta la interrogante sobre si el sistema de justicia está siendo utilizado como herramienta de venganza política contra quienes han liderado casos de gran impacto nacional.
