Crisis por cobros del CAE
La controversia por el vaciamiento de cuentas a deudores del CAE ha escalado a nivel político. Diversos usuarios del sistema de Crédito con Aval del Estado han denunciado que sus cuentas bancarias quedaron en cero tras procesos de cobranza, lo que motivó a la bancada de diputados del Frente Amplio a intervenir ante la Tesorería General de la República (TGR).
A través de un oficio formal, los parlamentarios exigieron a la entidad aclarar los criterios técnicos utilizados para ejecutar estos embargos. El objetivo principal es determinar si los procedimientos se ajustan a la legalidad y si, tal como se comunicó desde el Gobierno en ocasiones anteriores, las retenciones estaban dirigidas exclusivamente a personas con niveles de ingresos altos.
Fiscalización a la Tesorería
El caso ha encendido las alarmas debido a testimonios que contradicen las declaraciones oficiales. Según denunció la colectividad, existen múltiples casos de ciudadanos con remuneraciones mensuales considerablemente bajas que sufrieron el descuento total de sus fondos, dejándolos sin capacidad para cubrir necesidades básicas de subsistencia.
La jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, calificó el actuar de la institución como «gravísimo». La diputada enfatizó que dejar a una persona sin su sueldo ni dinero disponible es inaceptable y confirmó que mantendrán una fiscalización estricta sobre la TGR para impedir que este tipo de abusos continúen afectando a los deudores estudiantiles.
Críticas al Ejecutivo y propuestas legislativas
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se sumó a las críticas contra el manejo del Gobierno respecto a este tema. Martínez cuestionó la priorización del Ejecutivo, contrastando el discurso oficial contra el crimen organizado con la realidad de ciudadanos que ven confiscados la totalidad de sus recursos personales por deudas de estudios.
Ante este escenario, desde el Frente Amplio recordaron que actualmente impulsan una iniciativa legislativa para reformar los mecanismos de cobro. Esta propuesta busca establecer límites concretos, prohibiendo retenciones para quienes perciban menos de $1,5 millones mensuales. La idea es que los procesos de cobranza consideren de manera obligatoria la situación económica real del deudor, evaluando su capacidad de pago y gastos esenciales antes de cualquier medida de embargo.
