Una grave querella criminal fue interpuesta contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, por presuntos delitos ocurridos durante el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, región de Valparaíso. La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por la entidad patrocinante Social Arquitectura, acusa delitos de abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al Fisco.
Además del ministro, la querella apunta directamente al seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz. El conflicto se origina tras la orden de paralización de obras dictada por Poduje para las viviendas en edificación, argumentando supuestas irregularidades. Según los denunciantes, estas autoridades habrían utilizado sus cargos para excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos que beneficiaban a 356 familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.
Acusaciones de falsificación y presiones
La abogada de la entidad, Érika Maira, sostiene que el secretario de Estado habría instrumentalizado el aparato estatal para fines ajenos a la ley. «El señor Poduje, bajo un discurso de emergencia, rompió la normalidad de un contrato que se desarrollaba bajo la fiscalización del Serviu y sujeto a los procedimientos legales y contractuales correspondientes», señaló la profesional.
El ministro utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas, afirma la abogada Érika Maira tras la presentación de la querella criminal.
El texto de la querella detalla que las resoluciones administrativas emitidas carecerían de fundamento legal, denunciando presiones indebidas sobre funcionarios públicos para elaborar documentos con fechas alteradas. Estas maniobras habrían tenido como único objetivo justificar la terminación anticipada de contratos y la posterior demolición de viviendas, pese a que los informes técnicos originales solo indicaban observaciones menores y corregibles.
¿Qué busca la querella contra el Ministerio de Vivienda?
La parte querellante alega que el proceso vulneró los derechos contractuales de las familias damnificadas mediante engaños y la creación de antecedentes falsos sobre supuestas fallas estructurales graves. Por ello, la abogada Maira espera que el Ministerio Público inicie una investigación exhaustiva e independiente.
El objetivo es esclarecer si se forzó la salida de las empresas constructoras al margen de la transparencia y la legalidad. Por ahora, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía, cuyo dictamen será clave para determinar las responsabilidades penales de las autoridades involucradas frente a esta crisis de reconstrucción que mantiene en vilo a los vecinos de Viña del Mar.
