En un duro revés para la administración de Donald Trump, el juez del estado de Rhode Island, John McConell Jr., emitió un fallo que bloquea la política migratoria que frenaba las solicitudes de asilo y procesos de inmigración para ciudadanos de 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. La decisión, detallada en una opinión judicial de más de 100 páginas, sostiene que las medidas aplicadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a miles de personas en una situación de incertidumbre legal injustificada.
El magistrado fue categórico al declarar que las acciones de la agencia son “contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas”. Según McConell Jr., el organismo ha ejercido una autoridad que no le corresponde, utilizando supuestas preocupaciones de seguridad nacional como un pretexto para ocultar prejuicios contra los extranjeros. “La pausa de USCIS no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento”, sentenció el juez en su escrito.
Alcances del veto y países afectados
La política bloqueada había pausado la resolución de beneficios migratorios, incluyendo permisos de trabajo, tarjetas verdes y procesos de ciudadanía. Entre las naciones afectadas se encuentran diversas regiones africanas y, en el caso de América, se contabilizan a Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití. Esta restricción se implementó tras el incidente registrado en noviembre de 2025, donde un ciudadano afgano habría disparado contra la Guardia Nacional en Washington D.C., dejando a una agente fallecida y otra herida.
El fallo judicial hace eco de la retórica utilizada por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyas declaraciones fueron suscritas por el propio Trump. En dicho documento, se instaba a aplicar un “veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social”, calificando además a los migrantes como “invasores extranjeros”.
La reacción de organizaciones civiles
La resolución fue recibida con entusiasmo por Democracy Forward, entidad que lideró la representación legal de grupos afectados. Skye Perryman, presidenta de la organización, enfatizó la importancia de este precedente: “Este fallo reafirma un principio básico: que el Gobierno federal no puede suspender las vías de inmigración legales o discriminar contra gente basándose en su procedencia”. En la demanda también participaron colectivos como la Venezuelan Association of Massachusetts y el sindicato Service Employees International Union (SEIU).
Actualmente, el sistema migratorio estadounidense enfrenta una etapa de alta tensión jurídica tras este revés. Mientras se espera conocer si el Gobierno federal apelará esta decisión, miles de solicitantes de asilo quedan a la expectativa de si USCIS retomará efectivamente la tramitación de sus expedientes o si se iniciará una nueva batalla en cortes superiores que defina el futuro de estas 39 nacionalidades en suelo norteamericano.
