La exalcaldesa de Santiago y actual diputada, Irací Hassler, reaccionó con dureza ante la reciente decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que declaró admisible una querella criminal en su contra por el delito de fraude al fisco. La acción judicial, impulsada por la actual administración municipal liderada por Mario Desbordes, se centra en la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella.
A través de su cuenta de X, Hassler defendió su gestión y cuestionó las motivaciones detrás de esta nueva arremetida legal. La parlamentaria sostuvo que el caso ya fue zanjado por los tribunales anteriormente. Según sus palabras:
La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseida por la justicia. Resulta lamentable que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito.
La exjefa comunal calificó la ofensiva como una estrategia comunicacional del actual edil. Hassler afirmó que Desbordes busca capitalizar políticamente hechos que cuentan con una resolución firme, en lugar de enfocarse en su gestión municipal. “Lo deseable es que el alcalde de Santiago consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados”, sentenció la diputada.
Detalles de la querella y el proceso judicial
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago basó su resolución de admisibilidad en los antecedentes entregados por el equipo de Mario Desbordes. Entre los documentos presentados destaca una resolución de la Contraloría General de la República (CGR), la cual determinó la existencia de actos ilegales y una vulneración al principio de probidad administrativa, estableciendo la responsabilidad administrativa de Hassler en el proceso.
El tribunal reconoció la legitimidad del municipio para querellarse, actuando como víctima directa del detrimento patrimonial. La acusación detalla diversas irregularidades administrativas críticas en la fallida adquisición del inmueble:
- La emisión del decreto de pago N°187 de forma anticipada y sin el respaldo de un decreto alcaldicio.
- La firma del decreto alcaldicio N° 810, que autorizaba un pago de 8.252.873.341 pesos, omitiendo el visto bueno de la Dirección de Control Municipal.
- La creación de un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora, elaborado junto a exfuncionarios.
Este nuevo capítulo judicial mantiene el foco de la opinión pública sobre la administración anterior y el manejo de los fondos de salud comunal. Mientras la defensa de Hassler apela al sobreseimiento previo, el municipio de Santiago avanza en la persecución de responsabilidades penales. ¿Logrará esta querella cambiar el curso de las investigaciones previas o se sumará a los procesos ya cerrados?
