El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto en marcha su primera gran iniciativa legislativa para el sector extractivo. A través del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se presentó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que promete transformar el actual régimen de patentes mineras, buscando simplificar los procesos y otorgar mayor seguridad jurídica a los pequeños y medianos productores del país.
El eje central de esta propuesta es posicionar al Estado como un ente facilitador de la actividad privada. Según detalló el biministro Mas, este proyecto busca terminar con años de obstrucción que han limitado el potencial minero nacional, alineándose directamente con las prioridades del programa de Gobierno.
Cambios concretos en las patentes mineras
La iniciativa propone modificaciones fundamentales al Código de Minería. Entre los puntos clave se encuentra la eliminación del aumento progresivo de las patentes y la supresión de requisitos restrictivos como el límite de 500 hectáreas, además de las exigencias de parentesco y tipos societarios que actualmente complican la gestión de los pequeños mineros.
El biministro Mas afirmó: «Es una iniciativa que está en el corazón del plan de Gobierno porque está alineada con nuestro objetivo de pasar a ser un Estado facilitador de la iniciativa privada, dejando en el pasado los años de obstrucción y retraso que han impedido el despliegue del potencial minero».
El biministro, acompañado por el subsecretario de Minería, Álvaro González, desglosó los tres pilares de esta reforma:
- Facilidad de acceso: Se eliminan trabas burocráticas sobre parentesco y tipos societarios para acceder a la patente rebajada.
- Eliminación de la progresión: Se suprime la patente progresiva para quienes no han podido ejecutar actividad minera.
- Ampliación de beneficiarios: El derecho a postular se extiende no solo al concesionario, sino también a arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina.
Adicionalmente, el proyecto incorpora una nueva causal de rebaja por exploración, evitando que el productor deba tramitar la solicitud de rebaja anualmente, simplificando así la carga administrativa.
Por su parte, el subsecretario Álvaro González enfatizó que estas medidas brindan una mayor certeza al sector. Actualmente, la propuesta se encuentra en etapa de tramitación legislativa, donde se espera que los parlamentarios discutan los alcances de esta modernización que, de aprobarse, marcaría un cambio radical en la relación entre el Estado y los pequeños mineros. ¿Logrará esta simplificación impulsar finalmente la inversión en la mediana minería nacional?
