Una nueva arremetida política enfrenta el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Diputados de las bancadas del Partido Nacional Libertario (PNL), Renovación Nacional (RN) y Evópoli se sumaron formalmente a la ofensiva iniciada por la UDI, solicitando a José Antonio Kast —y por extensión al Ejecutivo— que haga uso de sus facultades presidenciales para pedir la destitución del juez ante la Corte Suprema.
La solicitud se fundamenta en la aplicación del artículo 80 de la Constitución, buscando que el máximo tribunal evalúe la conducta del magistrado. El centro de la polémica gira en torno a los viajes realizados por Urrutia al extranjero, específicamente a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022, periodos en los cuales el juez se encontraba haciendo uso de licencias médicas por estrés severo persistente.
Argumentos y posturas parlamentarias
Desde el PNL, el diputado Hans Marowski justificó la acción argumentando que los funcionarios del Poder Judicial deben cumplir con estándares superiores. “Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que a cualquier ciudadano, e incluso uno más alto”, señaló el parlamentario al defender la necesidad de esta medida.
Por su parte, Jorge Guzmán, diputado de Evópoli, calificó la intervención como una responsabilidad institucional.
“Solicitar su remoción no sólo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral”
, sostuvo el legislador sobre la conducta del magistrado.
El estado judicial del caso
Aunque los parlamentarios insisten en la medida, el caso ya había sido objeto de análisis en tribunales. La Corte Suprema resolvió previamente que los hechos se encontraban prescritos, aunque dejó constancia de que existieron conductas disciplinariamente reprochables en el actuar del juez.
En su resolución, el máximo tribunal determinó el sobreseimiento de Urrutia respecto al viaje a Costa Rica y su absolución por la salida a Ecuador. Pese a este fallo, la presión política persiste, marcando una tensión que escalará mientras el Ejecutivo evalúe si proceder con la solicitud de remoción ante los ministros de la Corte Suprema, en un caso que pone a prueba la fiscalización sobre las licencias médicas en cargos públicos.
