El fraude tributario más grande en la historia de Chile, que alcanzó un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos, ya registra sus primeras sentencias judiciales. Un total de 25 imputados han sido condenados a través de procedimientos abreviados, tras la desarticulación de una red de emisores de facturas falsas en diciembre de 2023 por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones.
La organización, liderada según la investigación por José Pávez Canessa, operaba mediante una compleja red de sociedades utilizadas para emitir documentos falsos que las empresas receptoras incorporaban en su contabilidad para reducir impuestos. Aunque la mayoría ha recibido penas sustitutivas, el caso ha dejado al descubierto niveles de enriquecimiento injustificado.
El cronograma de las condenas
El proceso judicial arrancó formalmente el 12 de noviembre de 2025. En esa primera tanda, Galvarino Corral Abarca fue sentenciado a 197 días por asociación ilícita. Por el mismo delito, Cecilia Ampuero Meza recibió 259 días, sumando otros 541 días y una multa de 200 UTM (cerca de 14,3 millones de pesos) por lavado de activos. Francisco Ampuero Meza, además de asociación ilícita, fue condenado por porte de armas.
El 26 de noviembre, Carla Ballesteros González recibió 470 días. Posteriormente, en febrero de este año, se dictaron sentencias para Alexander Birchmeier Almarza, Dhamarys Valenzuela Godoy y Osvaldo Sacco Croxatto, este último condenado a tres años y un día y una multa de 327 millones de pesos por delitos tributarios, además de cargos por infracción a la Ley de Control de Armas.
El rol de los clanes y la cárcel efectiva
Hacia marzo, los tribunales condenaron a Robert Marlon Mondaca Gómez, Sally Andrea Franco Aguilera y Joaquín Andrés Alegría Tapia. Finalmente, en mayo de este año, se dictaron sentencias contra Marco Urrutia Galleguillos, Emilio Smok Issa y Olga Barraza Quezada. Marco Urrutia Galleguillos destaca por ser el único en enfrentar cárcel efectiva.
Sobre Emilio Smok Issa, vinculado al clan de Sacco Croxatto, la justicia determinó que facilitó 101 facturas falsas para generar un traspaso de crédito fiscal de más de 59 millones de pesos. Pese a que la Fiscalía solicitó penas mayores, su defensa logró rebajar la multa a 5 UTA (unos 4,2 millones de pesos) alegando su perfil social y condición de pensionado.
El caso de Marco Urrutia Galleguillos es el más grave: administraba una red que emitió facturas falsas por un perjuicio de 1.253 millones de pesos. Su actividad le permitió alcanzar un patrimonio de 25.342 millones de pesos, con compras de vehículos al contado e inversiones millonarias. Aunque inicialmente se pidieron multas por 837 millones de pesos, mediante un procedimiento abreviado fue condenado a 61 días por asociación ilícita, 1.623 días por delitos tributarios y 300 días por lavado de activos.
Actualmente, el Ministerio Público continúa adelante con las causas contra el resto de los involucrados en esta trama de corrupción fiscal, mientras la ciudadanía sigue expectante ante la recuperación efectiva de los fondos públicos defraudados.
