El senador y vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), presentó una nueva iniciativa legal que busca transformar las elecciones internas de partidos políticos en Chile. El proyecto propone establecer un umbral mínimo de participación del 10% de los militantes habilitados, una medida diseñada para blindar la representatividad de las directivas y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema institucional.
¿Cómo funcionará esta exigencia en la práctica? La normativa establece que, si en un proceso eleccionario no se alcanza el 10% de concurrencia, el partido estará obligado a realizar una nueva convocatoria. En el caso de que en esa segunda instancia tampoco se logre el quórum mínimo exigido, los resultados serán validados, pero la colectividad deberá enfrentar una sanción financiera: la reducción del 25% de los aportes fiscales que perciba durante el año siguiente.
El debate por la representatividad en los partidos
Esta propuesta legislativa nace como respuesta a los bajos niveles de participación registrados en diversos procesos electorales de organizaciones sociales y políticas durante el último tiempo. Según el parlamentario, la falta de votantes ha generado cuestionamientos constantes sobre qué tan representativos son realmente los timoneles y líderes que resultan electos en cada proceso.
Los partidos políticos son pilares fundamentales de la democracia y no pueden transformarse en estructuras donde las decisiones terminan siendo tomadas por grupos cada vez más reducidos.
Para Iván Moreira, este fenómeno no es un hecho aislado, sino una problemática transversal que afecta al sistema completo. Al respecto, el legislador enfatizó que “este no es un problema de un partido específico, es un desafío para toda la política”. La idea central es evitar que los liderazgos se consoliden a través de grupos reducidos, garantizando que el respaldo obtenido tenga un sustento democrático real.
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de presentación, integrándose a la discusión sobre la modernización de los partidos. La gran incógnita es si las demás fuerzas políticas apoyarán esta reducción de aportes como mecanismo de presión, o si buscarán alternativas para fomentar la participación sin sanciones económicas directas a las arcas partidarias.
