Un duro revés sufrió el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) este miércoles 3 de junio, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) decidiera no tomar razón del decreto N.º 15 de 2025. Dicho documento buscaba modificar los planes reguladores para concretar la polémica ampliación del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1.
El ente fiscalizador fue enfático en su decisión, señalando que la propuesta, que pretendía alterar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, presentó vacíos fundamentales que impidieron su aprobación. La entidad cuestionó aspectos técnicos, legales y de ubicación de la infraestructura proyectada.
¿Por qué la Contraloría rechazó el proyecto del Minvu?
Uno de los puntos críticos del oficio es la incertidumbre geográfica. Según el organismo, “no fue posible determinar si la ampliación del Centro de Detención se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado, o en un terreno distinto”. Esta distinción es vital, ya que definir si se trata de una ampliación del recinto existente o la construcción de una unidad nueva obliga a cumplir con exigencias distintas bajo la Ley N.º 21.636.
A esto se suma la falta de antecedentes sobre los inmuebles. La CGR advirtió que no se adjuntaron las inscripciones de los terrenos situados en la manzana que el decreto buscaba modificar. Sin esta documentación, es imposible verificar la legalidad de la iniciativa y el estudio de la situación real de los bienes raíces involucrados.
Falta de justificación técnica en Santiago 1
Además de los problemas territoriales, la Contraloría cuestionó la idoneidad técnica del proyecto. El documento indica que no se observan motivos suficientes para justificar el aumento en los coeficientes de constructibilidad vigentes en el sector, especialmente cuando estos cambios se vinculan a usos de suelo que no tienen relación directa con la naturaleza del proyecto carcelario.
Ante estas falencias, el decreto fue representado —es decir, rechazado su trámite administrativo— y el oficio fue despachado de forma oficial al Minvu, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago.
Esta resolución ocurre en un escenario judicial complejo, marcado por el reciente fallo del 17.º Juzgado Civil de Santiago, el cual acogió un recurso municipal que ya mantenía suspendida la resolución que habilitaba el avance de las obras. Por ahora, el proyecto de ampliación queda en un limbo legal mientras las autoridades deberán resolver las omisiones detectadas por la Contraloría para intentar reactivar el proceso.
