Estados Unidos puso en alerta a la economía nacional tras anunciar una propuesta para aplicar un arancel del 12,5% contra Chile y otros 60 países. La medida surge a raíz de una investigación iniciada en marzo por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR), que acusa a diversas naciones de mantener una “falta de acción” frente al trabajo forzoso en sus cadenas productivas.
De concretarse, este gravamen representaría un incremento respecto al 10% temporal que había sido instaurado previamente por el expresidente Donald Trump, tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó parte de los aranceles del denominado “Día de la Liberación” en febrero pasado. El ajuste afectaría diversas operaciones comerciales entre ambos países.
Investigación y alcance internacional
La USTR sostiene que Chile forma parte de un grupo de 54 economías que han fallado en “imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”. En este listado figuran países como Argentina, Brasil, China, Perú, México y la Unión Europea, entre otros socios comerciales estratégicos.
Los resultados de la investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Chile relacionadas al fallo en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de trabajo forzoso son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense.
El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, justificó la iniciativa argumentando que la inacción de los socios comerciales genera una competencia desleal. Según Greer, esta dinámica obliga a los trabajadores estadounidenses a competir a nivel global en condiciones que calificó como “desiguales” e “inaceptables”.
La postura de Cancillería
Ante la preocupación del sector exportador, el canciller Francisco Pérez Mackenna salió al paso de la propuesta aclarando que se trata, por ahora, de una etapa de “consulta pública y análisis”. La autoridad enfatizó que el Tratado de Libre Comercio (TDLC) vigente entre ambos países se mantiene operativo.
“Nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y continuará activamente desplegado en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales”, señaló Pérez Mackenna. El Gobierno busca, a través del diálogo, evitar que la aplicación de esta medida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 se materialice, apostando por soluciones que fortalezcan la relación bilateral de beneficio mutuo.
