¿Qué ocurrió con las declaraciones de patrimonio?
La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha un proceso de fiscalización que resultó en el apercibimiento de 15 alcaldes a lo largo del país. La medida responde a que estas autoridades no presentaron sus respectivas actualizaciones de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), un proceso obligatorio bajo la ley chilena para garantizar la transparencia en el ejercicio público.
El organismo de control ya notificó a los involucrados, otorgándoles un plazo fatal de diez días hábiles para regularizar su situación. La cuenta regresiva para las autoridades comenzó a correr el pasado 27 de mayo, fecha en que se emitieron las advertencias formales por parte de la Contraloría.
Sanciones: de multas a la destitución
La legislación vigente, amparada en la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, es estricta respecto al cumplimiento de estas declaraciones. Si los jefes comunales no responden dentro del plazo otorgado, la CGR iniciará procedimientos sancionatorios formales.
Las consecuencias por el incumplimiento no son menores. Según lo estipulado, los ediles arriesgan multas que oscilan entre las 5 y 50 UTM, lo que equivale en dinero a montos entre los $357.530 y los $3.575.300 aproximadamente. Además, si tras cuatro meses de la primera sanción la autoridad persiste en su negativa de actualizar el documento, la ley faculta la destitución inmediata de su cargo.
La importancia de la transparencia municipal
La Declaración de Intereses y Patrimonio tiene como objetivo central evitar conflictos de intereses entre la función pública y los negocios privados de las autoridades. A través de este mecanismo, los alcaldes deben informar de manera periódica y transparente sus sociedades, bienes, actividades económicas e intereses.
La Contraloría precisó que las irregularidades fueron detectadas mediante las labores habituales de control que realiza sobre el personal de la administración pública. Aunque la lista específica de los nombres de los 15 alcaldes aún no ha sido detallada en el informe inicial, el llamado de la CGR es claro: la probidad en la gestión local no admite retrasos en la rendición de cuentas.
