El reciente discurso presidencial en la primera Cuenta Pública del gobierno de José Antonio Kast dejó un vacío profundo para las víctimas de la violencia rural en la Macrozona Sur. A pesar de que el mandatario abordó los desafíos de seguridad en la zona, el esperado anuncio sobre una ley de reparación para quienes han sufrido atentados quedó fuera de su alocución, desatando críticas inmediatas entre los afectados.
El sentimiento de invisibilidad
El presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Aprais, fue categórico al evaluar la presentación del Ejecutivo. Para el dirigente, el silencio de la autoridad confirma una tendencia histórica que sienten como un abandono constante.
«Las víctimas del terrorismo en La Araucanía somos invisibles para todos los gobiernos. Creíamos y estábamos esperanzados en que el presidente de la república informara de los avances que ha tenido la ley de reparación», sentenció Aprais.
A pesar de estas expectativas, el Ejecutivo optó por centrarse en medidas de gestión de terrenos, generando un debate con diversas aristas en la región.
Polémica por la Ley Indígena
Dentro de los anuncios realizados, el presidente Kast propuso una modificación a la Ley Indígena con el objetivo de permitir el arrendamiento e hipoteca de tierras. Esta propuesta fue respaldada por Sebastián Naveilán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, quien calificó la medida como un paso en la dirección correcta. A su juicio, la actual legislación solo ha fomentado la pobreza y la fragmentación en el mundo rural.
Sin embargo, la respuesta desde el otro sector no tardó en llegar. Representantes de comunidades mapuche, encabezados por Danko Marimán del Trawun de comunidades de Temuco, rechazaron tajantemente la iniciativa gubernamental. Según Marimán, esta reforma es interpretada como un mecanismo para favorecer a grupos económicos y profundizar el despojo territorial.
«Es un nuevo intento de llevar adelante políticas asimilacionistas, negacionistas, que niegan los derechos del pueblo mapuche», reforzó Danko Marimán, quien advirtió que las comunidades se encuentran en alerta.
Mientras las víctimas de atentados mantienen su exigencia de compensación por los daños sufridos, el escenario político se complica. El rechazo frontal de los grupos mapuche a la reforma de la Ley Indígena y la frustración de las asociaciones rurales auguran un complejo debate legislativo que promete tensar aún más la relación entre el gobierno y los actores involucrados en el conflicto de la Macrozona Sur.
