El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, oficializó esta jornada que presentará una reserva de constitucionalidad frente al proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos. Esta iniciativa, impulsada por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública como parte de su estrategia de seguridad, pretende restringir el acceso a beneficios sociales para quienes integren esta nómina.
Para Bassa, la propuesta gubernamental es deficiente y carece de una visión integral. El parlamentario señaló que la normativa se enfoca exclusivamente en el castigo y presenta un vacío absoluto en cuanto a labores preventivas. «Ni una palabra respecto a recuperación de los barrios, a fortalecimiento de la iluminación, al fortalecimiento de la dotación de carabineros, solo castigo, cero prevención», sentenció el legislador, calificando la postura del Ejecutivo como improvisada y secundaria.
Argumentos contra el Registro Nacional de Vándalos
El frenteamplista advirtió que la medida es altamente preocupante debido a las potenciales vulneraciones a garantías constitucionales básicas. Según el diputado, la creación de este listado atenta directamente contra principios fundamentales consagrados en la carta magna.
«Una lista negra como esta que propone el Ejecutivo es claramente vulneratoria contra una serie de derechos fundamentales. Igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, la prohibición de establecer castigos vinculados con los derechos previsionales», argumentó Jaime Bassa.
El legislador cuestionó además que el Gobierno pretenda vincular derechos sociales con medidas sancionatorias, advirtiendo que esto golpeará a los sectores más vulnerables sin afectar a quienes realmente operan en actividades ilícitas. En su análisis, el Ejecutivo parece más interesado en penalizar la pobreza que en desarrollar una persecución penal efectiva contra la delincuencia de mayor envergadura.
«El Gobierno parece más preocupado de sancionar la pobreza que de perseguir efectivamente la delincuencia. Un registro que busca restringir derechos sociales no afecta en absoluto a quienes ya se enriquecieron mediante negocios ilegales, pero sí puede terminar golpeando a personas y familias que dependen de prestaciones estatales», concluyó el parlamentario. La presentación de la reserva de constitucionalidad marca un nuevo punto de tensión en la agenda legislativa, dejando en suspenso el futuro de esta herramienta de seguridad y abriendo un debate jurídico sobre sus alcances y límites.
 cuestionó la medida del Gobierno, advirtiendo que el Registro Nacional de Vándalos prioriza el castigo sobre la prevención.){kind=link}