Las dudas jurídicas sobre el Registro de Vándalos e Incivilidades
El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, puso en duda la viabilidad de la propuesta del Presidente José Antonio Kast, quien durante su primera cuenta pública planteó la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades. La medida, que busca privar de beneficios estatales como la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU) a quienes figuren en esta nómina, enfrenta serios obstáculos legales según la visión del exsecretario de Estado.
En conversación con Sonar FM, Cordero sostuvo que, si bien el Estado ha implementado registros previos para infractores, como los de evasores del Transantiago o deudores de pensiones de alimentos, el plan de Kast es fundamentalmente distinto al pretender retirar derechos preexistentes. El abogado recalcó que existen garantías que no pueden ser suprimidas por voluntad administrativa debido a la expresa disposición constitucional que los protege.
¿Confusión entre delitos e incivilidades?
Uno de los puntos críticos que advirtió el exministro es que este registro «podría entrar a confundir delitos graves con incivilidades». Cordero recordó que el ordenamiento jurídico chileno ya sanciona con severidad los delitos violentos, mencionando específicamente el lanzamiento de bombas molotov y los ataques contra efectivos policiales, los cuales ya cuentan con penas sumamente altas en el país.
Al respecto, el exministro ejemplificó la rigidez del marco legal: «Lo prohíbe la Constitución. Eso explica que condenados por delitos de lesa humanidad puedan seguir recibiendo sus pensiones de jubilación». Por tanto, aplicar la pérdida de derechos previsionales como sanción directa resulta, a su juicio, incompatible con la Carta Magna vigente.
El riesgo de una medida simbólica
Pese a sus críticas, Cordero reconoció la importancia de abordar las denominadas «incivilidades», tales como beber alcohol en la vía pública o realizar rayados. Según señaló, la evidencia indica que estos hechos provocan un alto temor en la ciudadanía debido a que son disruptivos e interfieren en la convivencia dentro de los espacios comunes.
No obstante, el exministro fue tajante al sugerir que el país debe priorizar la discusión sobre cómo combatir estas conductas de manera efectiva. Advirtió que, de no enfocarse el debate en las soluciones adecuadas, el registro impulsado por el ejecutivo «puede terminar siendo meramente simbólico». Mientras tanto, el debate se mantiene abierto en el ámbito legislativo, donde incluso figuras como García Ruminot han defendido la iniciativa bajo el argumento de que «no pueden recibir beneficios del Estado quienes atenten contra el Estado». En paralelo, el ministro Arrau ha solicitado la renuncia de los dos subsecretarios de Seguridad, sumando tensión al contexto político actual.
