El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), manifestó sus reparos respecto al diseño del proyecto de ley que busca implementar el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. En una reciente entrevista con Radio Duna, el parlamentario enfatizó que el sistema debe ser diseñado con extremo cuidado para lograr una distinción clara en la gravedad de los hechos, evitando que la legislación termine siendo «el remedio peor que la enfermedad».
Según explicó el legislador, existe una diferencia abismal entre conductas menores y actos violentos extremos. «No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego. Entonces, cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación», subrayó Alessandri durante la conversación radial, recalcando la necesidad de segmentar las sanciones de manera proporcional.
¿Cómo funcionaría el castigo en el Registro de Vándalos?
Uno de los puntos clave para el diputado radica en qué derechos se verán limitados por figurar en este listado. El legislador expresó su preocupación ante la posibilidad de que se bloquee el acceso a la educación superior de forma permanente, lo que podría derivar en un «loop de violencia» que impida a los jóvenes reinsertarse socialmente. «No vaya a ser que lo estás dejando en un loop de violencia y que nunca logres sacar, y sea, al final, un círculo muy negativo para ese joven», advirtió.
Asimismo, el parlamentario cuestionó la posible inconstitucionalidad de restringir derechos sociales universales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) para adultos mayores, basándose en infracciones cometidas décadas atrás. A pesar de estos reparos, Alessandri respaldó la lógica de fondo: «Me parece de toda sensatez que si un alumno ha hecho algo grave en su establecimiento, como lanzado una bomba Molotov o ha rociado con bencina a un director, que esa persona no reciba el beneficio de que todos los chilenos le paguemos la educación superior».
La comparación con otros registros existentes
Para contextualizar la propuesta, el diputado recordó que Chile ya cuenta con mecanismos similares, como el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos y el registro de condenados por delitos sexuales. Estos listados actuales operan mediante la restricción de actividades específicas, tales como obtener pasaporte, renovar la licencia de conducir o trabajar en transporte escolar.
Finalmente, Alessandri condicionó su apoyo a que existan vías de redención. Sugirió que, mediante la buena conducta o el cumplimiento de sanciones alternativas, los infractores tengan la posibilidad de recuperar los beneficios perdidos. Aunque considera que el proyecto está «bien encaminado», el parlamentario mantiene la cautela sobre los detalles legislativos que aún restan por definir en el debate parlamentario.
