En una sesión marcada por la preocupación transversal de los legisladores, la Comisión de Hacienda del Senado determinó oficiar oficialmente al Ministerio de Hacienda. El objetivo es exigir una reevaluación inmediata del recorte presupuestario aplicado recientemente a los hospitales públicos del país, una medida que amenaza con agudizar la crisis en la atención de pacientes y el crecimiento de las listas de espera.
Legisladores exigen explicaciones al Ejecutivo
La senadora María José Gatica (RN), integrante de la instancia, fue una de las impulsoras del acuerdo y reiteró su rechazo tajante a la decisión económica. La jefa de bancada de RN declaró:
Hoy acordamos oficiar al Ministerio de Hacienda para que reconsidere el recorte ya establecido para el presupuesto de los hospitales públicos de nuestro país.
Para Gatica, aunque existe consciencia sobre el déficit fiscal y la instrucción de austeridad en ministerios, el área de salud es una excepción crítica. La parlamentaria enfatizó que al tratarse de una cartera que impacta directamente a las familias más vulnerables, las cuales no tienen otra alternativa de atención que el sistema público, no resulta aceptable escatimar recursos en un servicio esencial.
Voces transversales contra el ajuste
La postura de rechazo no quedó limitada al oficialismo o la oposición por separado, sino que sumó apoyos transversales. La senadora Paulina Vodanovic (PS) calificó la medida como inexplicable e impresentable, cuestionando la contradicción con las promesas del Gobierno. Según la senadora socialista, es contradictorio reducir fondos mientras el Presidente ha sostenido que los derechos sociales no se verán afectados. Vodanovic confirmó que, en un esfuerzo conjunto con la senadora Gatica, solicitaron al Ejecutivo dejar sin efecto la rebaja contenida en el decreto firmado hace pocos días por el titular de Hacienda.
Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Javier Macaya, puso el foco en la necesidad de transparencia sobre los ajustes. Macaya advirtió que la situación en la atención secundaria requiere de datos claros para evitar que las medidas de ahorro profundicen los problemas existentes. Actualmente, el acuerdo legislativo presiona al Ejecutivo para entregar información detallada y, potencialmente, modificar el decreto vigente para salvaguardar el funcionamiento de los recintos asistenciales ante la inminente crisis de atención.
