La justicia chilena decretó la prisión preventiva para tres de los diez imputados por liderar una compleja red criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos. La operación, que se desplegó en diversas regiones del país, permitió desbaratar un grupo que captaba a mujeres en Paraguay mediante engañosas promesas laborales.
Cómo operaba la red de explotación sexual
La organización criminal estaba compuesta por una amalgama de ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo paraguayos, venezolanos, argentinos y chilenos. Según los antecedentes expuestos ante los tribunales, el modus operandi consistía en reclutar a víctimas en territorio paraguayo bajo la fachada de mejores oportunidades de vida. Una vez que las mujeres aceptaban, eran trasladadas hasta Chile, donde las ciudades de Valparaíso y Puerto Montt funcionaban como los principales puntos de recepción.
Ya instaladas en inmuebles destinados exclusivamente para la explotación, las víctimas se enfrentaban a condiciones de control extremo. De acuerdo con la investigación, los captores ejercían presión mediante la retención de documentos, la aplicación de descuentos arbitrarios sobre sus ganancias y el cobro de multas coercitivas que mantenían a las mujeres bajo una constante deuda y vulnerabilidad.
El hallazgo de la PDI y la estructura criminal
El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, detalló que las diligencias permitieron desentrañar una estructura de alcance transnacional. El impacto económico de la organización no solo provenía de la explotación directa, sino que se articulaba a través de un complejo sistema financiero:
La investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal transnacional que obtenía importantes ganancias económicas mediante la explotación de las víctimas. Además, se determinó que los integrantes de la banda utilizaban testaferros y empresas de fachada para ocultar y legitimar los recursos obtenidos ilícitamente.
Tras la formalización de los diez individuos involucrados, el tribunal determinó que los tres principales líderes de la banda deberán permanecer en prisión preventiva. En tanto, los siete acusados restantes quedaron sujetos a otras medidas cautelares de menor intensidad. Actualmente, la investigación sigue su curso para esclarecer la totalidad de los nexos internacionales y determinar si existen otros inmuebles o cómplices implicados en este sistema de lavado de activos y trata de personas que afectó a mujeres extranjeras en el territorio nacional.
