La construcción de una nueva cárcel en Santiago enfrenta un obstáculo judicial clave. El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago, ordenando la suspensión inmediata de la resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que habilitaba el avance de las faenas en el sector Rondizzoni-Pedro Montt.
La magistrada Rocío Pérez Gamboa dictaminó la paralización de diversas gestiones críticas para el proyecto. Según informó la casa consistorial, la medida cautelar frena las modificaciones al Plan Regulador, los procesos de licitación, la adjudicación de contratos, la asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a la ejecución física de las obras.
La postura del alcalde Mario Desbordes
El jefe comunal, Mario Desbordes, celebró la resolución judicial, asegurando que la magistrada dio lugar a los argumentos expuestos por el municipio desde el año pasado. El alcalde enfatizó que no se trata de una simple ampliación, sino de un proyecto de una nueva cárcel, lo que obliga a cumplir con todas las exigencias legales.
La magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado desde el año pasado. Creo que aquí no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel, por lo que deben cumplirse todas las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción.
Desbordes fue tajante al invitar al Ejecutivo a cambiar su estrategia. «Hago un llamado a mi Gobierno a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel. Existen terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas», señaló el alcalde.
Pese a la satisfacción por la medida, el edil aclaró que esta no es una victoria definitiva. La autoridad subrayó que el proceso administrativo y judicial continúa en tramitación, quedando pendiente la resolución sobre la legalidad definitiva de la resolución del ministerio. Por ahora, el municipio mantiene su postura de defender a las vecinas y vecinos frente a una iniciativa que, a su juicio, vulnera la normativa vigente.
