La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó una sentencia que obliga al Colegio del Sagrado Corazón a pagar una indemnización de $200 millones. El fallo se relaciona con el fallecimiento de una estudiante de quinto básico ocurrido en 2019, tras sufrir una descompensación mientras participaba en un taller de baile folclórico al interior del establecimiento.
El tribunal de alzada ratificó la responsabilidad del recinto educativo, acreditando que la institución no activó de forma oportuna los protocolos de emergencia necesarios. Según la resolución, existió una demora injustificada en solicitar asistencia médica externa, lo que impidió adoptar las medidas adecuadas para intentar salvar la vida de la menor de 11 años.
Detalles del fallo y la sanción
La demanda civil, interpuesta por la madre de la estudiante, busca reparar el daño moral sufrido tanto por ella como por los hermanos de la menor. El abogado querellante, César Ramírez, destacó que este dictamen judicial confirma que el establecimiento educacional incumplió la normativa vigente que regula los servicios educacionales y el deber de cuidado.
Estamos satisfechos porque es una fuerte señal para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir; que quede claro que cuando los niños van a estudiar, el colegio tiene un deber de cuidado y, si enferman o tienen algún tipo de accidente, tienen que adoptar de forma inmediata las medidas que corresponden.
César Ramírez recordó, además, que el caso ya había sido objeto de una sanción previa por parte de la Superintendencia de Educación, debido a las irregularidades cometidas en la gestión de la emergencia médica dentro del plantel.
¿Qué pasará con la indemnización?
Pese a la ratificación del fallo de primera instancia, la defensa del establecimiento educacional, encabezada por el abogado Andrés Kuncar, manifestó su disconformidad con lo resuelto por los magistrados. El profesional adelantó que presentarán nuevos recursos ante la Corte Suprema en un intento por revertir la condena millonaria.
Mientras la batalla judicial se traslada al máximo tribunal del país, la sentencia actual sienta un precedente sobre las responsabilidades civiles de los colegios particulares subvencionados ante incidentes de salud de sus alumnos. Se espera que en los próximos meses la Corte Suprema determine si mantiene la condena de $200 millones o si modifica los alcances de la resolución penquista.
