La ampliación de la cárcel Santiago 1 enfrenta un complejo escenario judicial luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogiera un recurso presentado por la Municipalidad. Esta resolución suspendió los trabajos que se desarrollaban en el sector de Rondizzoni-Pedro Montt, poniendo en pausa una iniciativa que el Ejecutivo considera fundamental para el sistema penitenciario.
Pese a la paralización temporal, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue enfático en señalar que el proyecto sigue en pie. Según el secretario de Estado, la medida cautelar responde a una instancia de primera instancia, por lo cual el Gobierno buscará revertir la decisión en los tribunales superiores. Rabat realizó un llamado a “cooperar” para superar el déficit de infraestructura actual.
El debate por la seguridad y la ubicación
El conflicto escaló luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestara sus reparos ante la expansión del recinto. El jefe comunal ha sido enfático en sugerir a las autoridades gubernamentales que busquen alternativas para nuevos centros penitenciarios fuera de las zonas urbanas de la capital.
El ministro Rabat argumentó que la urgencia de la obra radica en una crisis estructural:
“Hoy día tenemos una sobrepoblación penal y un hacinamiento muy alto en los distintos recintos penitenciarios. En miras a lo que es el bien común, se requiere avanzar en la creación de nuevas plazas carcelarias. Este es el diagnóstico y tenemos que todos cooperar para poder solucionar ese problema”.
La postura de la Subsecretaría de Justicia
Desde la Subsecretaría de Justicia respaldaron la postura ministerial mediante un comunicado oficial. La entidad aclaró que la suspensión dictada por el 17° Juzgado Civil no es definitiva, subrayando que aún quedan diversas etapas y recursos judiciales pendientes dentro del ordenamiento jurídico chileno.
El texto difundido por el organismo recalca que el aumento constante de la población penal hace que fortalecer la infraestructura sea una necesidad país. El Gobierno mantiene su hoja de ruta, proyectando que, a pesar de la controversia vecinal y municipal, las obras deberán reanudarse para cumplir con los estándares de seguridad y gestión carcelaria exigidos a largo plazo. ¿Logrará el Ejecutivo destrabar esta iniciativa en las cortes superiores antes de que la sobrepoblación alcance un punto crítico?
