Un grave caso de malversación de caudales públicos sacudió a la Tercera Comisaría de Ovalle, en la región de Coquimbo, luego de que un funcionario policial fuera detenido y formalizado tras apropiarse de cerca de $1 millón incautado durante un procedimiento por drogas. El incidente ocurrió la madrugada del viernes pasado, cuando seis individuos fueron fiscalizados mientras se movilizaban en una camioneta, instancia en la que los efectivos policiales encontraron droga y dinero en efectivo.
Las sospechas surgieron al trasladar a los detenidos a la unidad policial, donde se detectaron inconsistencias evidentes entre los montos incautados en terreno y el dinero que finalmente fue registrado en el parte oficial. Tras el hallazgo de esta diferencia, la Fiscalía de Ovalle inició de inmediato las diligencias investigativas para esclarecer el destino de los fondos faltantes.
Investigación y detención del uniformado
Durante las pesquisas, el funcionario involucrado entregó diversas versiones contradictorias sobre lo sucedido con el dinero. Ante su negativa inicial a permitir que se registraran sus pertenencias personales, la Fiscalía debió solicitar una autorización judicial al Juzgado de Garantía de Ovalle para proceder con el registro de sus vestimentas. Fue en ese momento cuando se halló en su poder la suma cercana al millón de pesos, lo que derivó en su detención en flagrancia y su posterior desvinculación de las filas de la institución, según confirmó el diario El Día.
En la audiencia de formalización, el fiscal Rodrigo Gómez del Pino solicitó la medida de prisión preventiva para el imputado. No obstante, el tribunal denegó la petición, optando por decretar arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Además, se estableció un plazo de 90 días para completar la investigación, aunque desde el Ministerio Público ya adelantaron que estudiarán los fundamentos de esta resolución judicial para definir futuros pasos.
¿Qué es la malversación de caudales públicos?
Para comprender la gravedad de la acusación, el abogado Víctor Fernández explicó los alcances legales de este delito, destacando que es una figura exclusiva para quienes detentan cargos públicos. El experto detalló que:
La malversación de caudales públicos es un delito reservado para personas que ejercen un cargo público y que tienen bajo su responsabilidad recursos fiscales. Consiste en que una persona que tiene a su cargo recursos públicos se apropia de ellos para beneficio propio, de terceros o los destina a fines distintos del interés social o público.
El abogado enfatizó que, aunque esta sea la calificación inicial, la investigación podría arrojar nuevas aristas. Además, subrayó que más allá del daño patrimonial, este tipo de hechos golpea directamente la fe pública: “Lo que protege el ordenamiento jurídico es el patrimonio fiscal y la lealtad o dignidad del cargo. Además, hay un tema de confianza en las instituciones del Estado que se ve comprometido”.
Cabe señalar que El Reporte Diario intentó obtener una postura oficial de Carabineros de Chile mediante consultas presenciales en la Tercera Comisaría de Ovalle y canales institucionales, sin recibir respuesta hasta el cierre de esta edición. La causa se mantiene abierta y bajo la mirada de la opinión pública, que espera resultados definitivos al cumplirse los tres meses de plazo judicial.
