Un nuevo bombardeo del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico oriental dejó un saldo de tres personas fallecidas este sábado. Este hecho marca el tercer ataque letal ejecutado por fuerzas estadounidenses en la última semana, elevando a al menos 198 la cifra total de muertos desde que la administración de Donald Trump inició su ofensiva militar el pasado mes de septiembre, según datos recopilados por la agencia AFP.
La postura del Comando Sur sobre el operativo
A través de una publicación en la plataforma X, el Comando Sur de Estados Unidos justificó la acción militar asegurando que la nave “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”. Bajo esta premisa, el gobierno de Donald Trump mantiene una postura firme de estar en guerra contra grupos a los que clasifica como “narcoterroristas” con base en América Latina.
Cuestionamientos legales y de derechos humanos
A pesar de la insistencia oficial, la falta de pruebas públicas que vinculen específicamente a las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas ha generado un intenso debate internacional. Expertos en derecho internacional y diversos grupos de derechos humanos han advertido sobre la legalidad de estas maniobras.
Los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido entre sus blancos a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Actualmente, el hermetismo y la ausencia de evidencia material por parte de Washington continúan alimentando las críticas sobre la proporcionalidad y justificación de estos operativos. La gran interrogante que queda abierta es si la administración estadounidense presentará pruebas verificables ante la comunidad internacional o si mantendrá la estrategia de bombardeos selectivos bajo la categoría de guerra contra el narcoterrorismo.
